El último seminario del Botànic tiene lugar este fin de semana en Gandia. Es el séptimo cónclave que celebran, uno cada semestre, pero este adquiere más relevancia por ser la evaluación final del primer pacto del Botànic con la incertidumbre de si volverá a reeditarse. Por ahora, de los 9 consellers que figuran en la foto, se sabe que uno de ellos no repetirá: Manuel Alcaraz, que dirige Transparencia, ya expresó su voluntad de no volver a postularse como conseller y volver a su puesto de profesor en la Universidad de Alicante. El resto no ha revelado su disposición, pero por la gestión en estos cuatro años podría dirimirse su futuro. Tanto al titular de Economía, Rafael Climent, como a la de Vivienda, Maria José Salvador, se les ha cuestionado el liderazgo en sus carteras. En el caso de la socialista, fue Presidencia quien tuvo que salir al paso para resolver la última huelga del metro y el tercer socio del Botànic, Podemos, ha sido duro con su gestión por la falta de inversión en el parque de vivienda pública, una asignatura pendiente durante toda la legislatura donde ahora, sin embargo, han apretado el acelerador.

Otros, como Vicent Soler en Hacienda o Ana Barceló en Sanidad, gozan de la plena confianza del presidente Ximo Puig, mientras que en Medio Ambiente, Elena Cebrián, ha cosechado una buena reputación en el Consell pese a ser una independiente propuesta por Compromís. Los seminarios a lo largo de los tres años han servido como un bálsamo para el Botànic. El objetivo es limar asperezas que se puedan haber producido en el trabajo diario con el retiro espiritual de los diez miembros. De hecho, ayer, desde Simat de la Valldigna, la vicepresidenta Oltra lanzó una advertencia «a todos los partidos políticos»: que solo se presenten iniciativas sobre violencia de género en las Cortes cuando haya unanimidad, para actuar en bloque. Un toque de atención a sus socios socialistas por presentar una iniciativa parlamentaria que ha supuesto una brecha con Ciudadanoss en esta materia, quien no votó a favor de una proposición no de ley que ponía cerco a futuros pactos con la ultra derecha a costa de la violencia machista, aunque fuentes próximas a Mónica Oltra negaron que se tratara de una alusión a los socialistas.

Financiación justa

La vicepresidenta de la Generalitat se refirió ayer a las dos misivas que Ximo Puig ha enviado a la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y a la de Economía, Nadia Calviño, para reformar el sistema de financiación y para que se condone 20.700 millones de euros de deuda. «A Montero, igual que a [Cristobal] Montoro, le exigimos una financiación justa». La deuda «pesa como una losa» y es consecuencia de la infrafinanciación. Puig señaló ayer que la reforma no se puede retrasar y asumió que la Generalitat asumirá la parte de la deuda que proviene de la «mala gestión» y el «despilfarro» de los anteriores gobiernos del PP. No parece, sin embargo, que la petición de la Generalitat para reformar la financiación se vaya a resolver en un plazo breve.

Toni Cantó endurece el discurso y quiere reprobar a Morera

Ciudadanos ha endurecido sus críticas tras la irrupción del diputado Toni Cantó, eventual candidato a la presidencia de la Generalitat. El grupo registró ayer una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide la reprobación del presidente de la Cámara, Enric Morera, por vulnerar el derecho a la libertad de expresión de quien piensa diferente al Consell. Cantó critica que Morera lo haya acusado de un delito de odio, «únicamente por las críticas manifestadas dentro del libre ejercicio de la libertad de expresión y dentro de los parámetros legales». Cantó asegura que «esta acusación vertida por quien es la segunda autoridad de la Comunidad no responde a ningún criterio jurídico y solo está apoyada en su posicionamiento ideológico», pero, alerta, «sí puede suponer un delito de calumnias por parte del propio Morera».