El dictamen provisional sobre la empresa pública Ciegsa concluye que funcionó como «una herramienta diseñada para eludir el control» de la Administración, lo que derivó en unos gastos financieros adicionales de 486 millones en los que «no se habrían incurrido» si la Generalitat hubiera ejecutado de forma directa los colegios. «Ciegsa era el PP en estado puro», concluyeron sus redactores. El documento, elaborado por todos los grupos de las Cortes Valencianas salvo el PP, responsabiliza a todos los consellers de Educación desde 2001 a 2013 y en especial a Alejandro Font de Mora. Cita que la etapa «más negra» fue bajo la dirección de Máximo Caturla como secretario autonómico y consejero y posterior consejero delegado de Ciegsa. El informe pide al Consell que se realice «una completa auditoría financiera y de legalidad» que determine los perjuicios causados por Ciegsa.
El portavoz en la Comisión del grupo popular, José Juan Zaplana, anunció que el PP presentará un voto particular sobre el dictamen al considerar es «un documento sin rigor basado en especulaciones».
