La batalla política del PP en Orihuela puede terminar con otro juez que influya en el resultado: la Fiscalía. El informe de la conselleria de Sanidad que ratifica que el actual primer edil oriolano, Emilio Bascuñana, cobró durante seis años un sueldo público sin ir a trabajar terminará, salvo un giro de la situación, en manos del Ministerio Público ante la posibilidad de que se derive responsabilidad penal en la actuación del regidor. La evolución de este asunto que acucia desde hace meses a Bascuñana vuelve a estar, a día de hoy, en primera línea una vez que se han conocido las discrepancias internas en el PP sobre la continuidad del regidor de Orihuela. Génova, como publicó este periódico, quiere mantener como candidato al alcalde de Orihuela, alineado con Pablo Casado en la batalla interna de los populares, contra el criterio de la dirección local, provincial y regional, órgano que tiene las competencias exclusivas para el nombramiento de los cabezas de lista en los municipios de más de 20.000 habitantes.

Justo antes del verano de 2018, el entonces subsecretario de Sanidad, Ricardo Campos, remitió un a solicitud a Encarna Llinares, directora territorial en Alicante, en la que le requería un informe completo y detallado sobre las circunstancias en las que se desarrolló la actividad de Emilio Bascuñana en la delegación provincial de la citada conselleria entre los años 2007 y 2014 bajo mandato de tres consellers del PP: Manuel Cervera, Luis Rosado y Manuel Llombart; y la supervisión directa de, al menos, otros cinco altos cargos de la administración autonómica en quella etapa. El prolijo y extenso documento, como pudo confirmar este periódico en la misma línea que ya se publicó en su día, ratifica que efectivamente el ahora primer edil de Orihuela habría tenido entre los meses finales de 2007 y el año 2013 una adscripción funcional a la dirección territorial manteniéndole el salario que tenía en origen que superaba ampliamente los 2.500 euros limpios mensuales. Pero, sin embargo, el informe deja claro que ni existe una orden que autorizara ese traspaso del puesto que ocupaba Bascuñana a la dirección de Sanidad en la provincia, ni hay constancia de que en algún momentose registrada una presencia física en la dirección territorial, ni tampoco que tuviera un lugar asignado para su puesto de trabajo. El alcalde de Orihuela era lo que se conoce dentro del argot de la administración como un «zombi».

Hay años enteros en los que nosse produce ni un sólo movimiento del ahora alcalde en la ficha personalizada que tiene cada trabajador en el programa informático de la conselleria de Sanidad para registrar los movimientos laborales de cada uno de sus empleados. Durante ese periodo, a su vez, Bascuñana ocupaba la presidencia provincial de la Cruz Roja, a la que representaba en múltiples actos institucionales. Como confirmaron fuentes conocedoras de la situación en la que se encuentra la investigación sobre el alcalde de Orihuela, la posible infracción administrativa en la que habría incurrido estaría prescrita y, por tanto, sería imposible sancionarlo por esa vía. Pero, sin embargo, sí se abriría la posibilidad de que se pudieran derivar responsabilidades penales. La Inspección sanitaria, de hecho, ultima su decisión de trasladar a la Fiscalía esa documentación sobre la etapa como «zombi» del primer edil oriolano. Aunque no se ha realizado una evaluación de esos posibles delitos, fuentes conocedoras del proceso interno apuntaron, como mínimo, que la investigación, de abrirse, podría apuntar hacia la falsedad y la malversación. No hay fecha todavía para que se pueda producir esa decisión. Pero, en cualquier caso, de registrarse en las próximas semanas, ese panorama afectaría de lleno a unas elecciones que están ya a poco más de cuatro meses vista.

Y con este escenario que golpea directamente al alcalde de Orihuela es con el que el PP tendrá que lidiar para intentar resolver el pulso que tiene abierto con la candidatura de una ciudad clave para el resultado autonómico -la Vega Baja es uno de los grandes graneros electorales de los populares- y también para lo que ocurra en la Diputación, institución en la que el PP cuenta con tres escaños por ese partido judicial. El máximo núcleo de poder de Génova, encabezado por el murciano Teodoro García Egea -número dos de Casado y secretario general del partido-, apuesta por mantener a Bascuñana, que primero avaló a María Dolores de Cospedal y luego se subió al carro ganador de Casado en el proceso interno del PP como una fórmula para tratar de blindarse de cara en su intento de repetir como aspirante en las próximas elecciones municipales de mayo.

Y, por ahora, lo que ha conseguido Bascuñana con ese movimiento que trazó durante la última batalla interna del PP es frenar la maniobra de la dirección local, de la cúpula provincial y de la regional para relevarle. Como informó este periódico en su día, la dirección autonómica tenía la decisión tomada de destituir al alcalde de Orihuela como candidato. Esa voluntad continúa existiendo. Hasta el punto de que, en estos momentos, la capital de la Vega Baja es el principal municipio con más de 20.000 habitantes en la provincia donde la dirección regional todavía no ha realizado acto de proclamación del aspirante, tal y como sí ha hecho en el resto de poblaciones. Pero ahora, quizá, el futuro de Bascuñana no sólo dependa del PP sino de decisiones judiciales.