Desde el verano, justo después de la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez y sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se dedicó a deshojar la margarita sobre la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas Empujado por los que le apretaban con encuestas en la mano que detectaban «viento de cola» que supuestamente llegaba desde Madrid para impulsar al PSPV, el jefe del Consell estuvo a punto de pulsar el botón y convocar unos comicios que pretendía alejar del ruido de la endiablada escena política española para centrarlos en la «agenda valenciana». Lo valoró muy seriamente. No lo hizo. En parte por sus socios del Consell del Botànic: Compromís y Podemos no querían ni hablar de esa posibilidad. En parte por un motivo más personal: no terminaba de estar convencido del todo de esa decisión.
Así que las elecciones andaluzas - Susana Díaz sí se había decidido por un adelanto- se convirtieron en un termómetro que iba a medir el estado en el que de verdad se encontraba el tablero político. Desde entonces, casi todas las noticias que ha ido acumulando la izquierda valenciana, con la única excepción del pacto para aprobar sin sobresaltos el último presupuesto de la Generalitat para esta legislatura, sólo han servido para preocupar un poco más cada día a los socios del Botànic, que pasaron de dar casi por hecho que tenían en su mano un segundo mandato con cierta comodidad a acumular dudas y dudas con todo lo que ha ocurrido desde aquellas históricas elecciones andaluzas que esta semana han culminado con la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla, del PP, y la caída del único gobierno autonómico que no había cambiado de manos -en este caso las de los socialistas- desde que arrancó su autogobierno hace ahora 36 años.
Una sucesión que empezó en Andalucía con la evidencia de que el «efecto Pedro Sánchez» era mentira. Un golpe en esos comicios que fue doble con la irrupción en la escena institucional de los ultras de Vox, lo que concedía una inesperada oportunidad de sumar mayoría en la Comunidad al bloque del PP -aunque fuera con un severo retroceso electoral como en Andalucía- y Ciudadanos frente a la izquierda. Un escenario que se complementó con la publicación de una encuesta del CIS -proyecciones con una muestra muy escasa pero que apuntan tendencias- que ponían sobre el tapete esa opción. Y siguió con la incapacidad de los socialistas para cuadrar aún a día de hoy su oferta política en la ciudad de Alicante -capital de la circunscripción clave para las autonómicas- hasta el punto de que el fin de semana pasado el comité nacional del PSPV arrancó la campaña en la que Ximo Puig se juega su reelección a cara de perro sin resolver la grave crisis política y de liderazgo que arrastran los socialistas en la capital alicantina. Un proceso en el que ni tienen candidato ni tampoco se le espera en un plazo breve con un deterioro de la marca y de su papel para esos comicios tras el convulso mandato que se saldó con la marcha de Gabriel Echávarri de la Alcaldía y el «regalo» del gobierno al PP de Luis Barcala apoyado en tránsfugas.
Con ese escenario, hace días que los números que manejan los socios del Botànic son cada vez más ajustados para reeditar el acuerdo. No significa que se les haya escapado el tren. Para nada. Pero sí que, en estos momentos, hay partida. Mucha. Y encima, lejos de superarse obstáculos, el ambiente se ha enrarecido, si cabe, todavía más. Con unos presupuestos generales del Estado para 2019, los primeros de Pedro Sánchez en la Moncloa, presentados el pasado lunes en el Congreso que ya ponen en el epicentro de la batalla electoral un elemento clave: el escenario decisivo en el que se ha convertido Alicante. Ya se sabe: sin Valencia es casi imposible conseguir el Consell pero es en la provincia donde se gana. Unas cuentas buenas para el conjunto de la Comunidad -llegan casi al porcentaje del 10% de la inversión que pidió Puig- pero que, sin embargo, se han convertido en un peligroso conflicto con un reparto que prima a Valencia y Castellón frente a Alicante, otra vez a la cola.
Ese debate ha convertido la relación entre los socialistas y Compromís en una olla a presión. Los cargos del PSPV tienen orden de evitar los conflictos. Pero la coalición liderada por Mónica Oltra, que no renuncia a día de hoy encabezar el bloque de izquierda que le conceda opciones de llegar al Palau de la Generalitat, ha visto una autopista para ganar espacio en su provincia más débil. La misma que le privó en 2015 de la presidencia. Y ha lanzado a toda la artillería disponible. Han entrado en escena con un discurso nítido y claro de exigir más inversiones a los socialistas los cuatro cargos públicos más importantes que la coalición tiene en estos momentos en Alicante: la número uno en las Cortes Mireia Mollá, el portavoz en la capital Natxo Bellido, el líder en la Diputación Gerard Fullana y el diputado en Madrid Ignasi Candela. Un mensaje que ha superado, incluso, lo que eran «líneas rojas». Una pinza con el PP en la Diputación y un cuerpo a cuerpo con réplicas a Puig en las Cortes. Todo eso, además, ha agravado la batalla socialista en la ciudad Alicante con la portavoz Eva Montesinos atacando las cuentas como «vendetta» por apartarla de la carrera por la candidatura y poniendo en cuestión, una vez más, la falta de iniciativa de la estructura provincial para trazar un discurso sólido frente a la crisis.
Pero aún quedaba otro motivo para elevar el grado de angustia. En el PSPV y Compromís ya llevaban unos días preocupados por la falta de acuerdo entre Podemos y EU. Durante un tiempo, los socialistas jugaron a dos bandas: repetir con la izquierda pero mirando también a la posibilidad de pactar con Ciudadanos si los números cuadraban. La entrada de los ultras de Vox en el cuadrilátero casi anula esa segunda alternativa. Al PSPV, salvo un resultado a día de hoy impensable, sólo le queda fiar sus opciones a una nueva versión del Botànic, igual que Compromís. Y, en este momento, sólo un pacto entre Podemos y EU asegura que esa tercera pata pudiera apuntalar el gobierno. Sin ellos, sería imposible. Pero el movimiento de Íñigo Errejón en Madrid, el embrión de una operación política de largo alcance con marcas en cada territorio que podría interesar a Compromís para las próximas generales, ha puesto otra vez en duda lo que pueda ocurrir en un espacio como el de Podemos que ya cotizaba a la baja. Tambores de guerra. Amenaza de cisma. ¿Integración de destacados errejonistas en Compromís? Y con el riesgo de que la negociación del pacto con EU, como ya ha ocurrido en Madrid, se enquiste y quede bloqueada. Y sin acuerdo autonómico no habrá pactos locales como en Alicante. La angustia invade a la izquierda. Está en juego mantener el poder que les costó 20 años recuperar. Casi nada.
