La unidad y la cohesión no son precisamente las características que mejor definen al empresariado de la provincia. Todo lo contrario. Sin embargo, esas diferencias se difuminan hasta desaparecer cuando está en juego una cuestión de la envergadura de los Presupuestos Generales del Estado y cuando, a la sazón, esas cuentas, en caso de que se aprueben tal y como están concebidas, vuelven a maltratar en 2019 a la provincia. Sí, Alicante recibe 63 millones más que un año antes, pero se sitúa a 137 euros menos por habitante que la media estatal. Y eso no ha gustado nada a nadie. Bien ilustrativas eran las palabras del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Juan Riera: «Lo mejor para la provincia sería que los presupuestos no salieran adelante, tal y como se han planteado», sentenciaba. Y es que en el maltrato, agravio o despropósito para la provincia coinciden todos.

La situación es tal que incluso CEV Comunitat Valenciana hizo un ejercicio de esa vertebración que tanto proclaman cuando, por boca de su presidente, Salvador Navarro, destacó de forma especial entre los «claroscuros cuantitativos y cualitativos» de los presupuestos el desfase -a la baja- en Alicante. Navarro, no en vano, hizo hincapié en que la provincia, en términos de PIB, debería obtener un 40% más de inversión, lo que se traduce en 100 millones más. Pocos presidentes autonómicos de la patronal -si es que alguno lo había hecho- se habían pronunciado así. Se mostraba, además, en total sintonía con el presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, quien incidía en que «este proyecto es el suma y sigue del agravio sistemático al que está sometiendo a esta provincia el Gobierno central, sea del color que sea, y cuando lo que se está poniendo en riesgo es el futuro de Alicante». Por eso mismo, anunció que van a realizar un análisis exhaustivo y, a partir de ahí, llevarán a sus órganos directivos un paquete de medidas de presión para tratar de revertir una situación crónica. Un análisis al que también se remitió el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Rafael Ballester, quien, de todos modos, destacó que «cualquier incremento de la inversión es bienvenido, pero también es importante que la inversión sea acorde a la población».

No menos beligerante se mostró el presidente de la Cámara de Alicante, que hizo un llamamiento contundente: «Apelamos a la responsabilidad de nuestros parlamentarios, que son quienes primero deben defender los intereses de nuestra provincia», puntualizó. Sus palabras se fundamentaban en la seguridad que le daba el estudio que está ultimando la entidad -y que se presentará el próximo mes- sobre las necesidades de infraestructuras en el que se detallan las carencias en transporte por carretera y ferroviario, así como en las conexiones con el Puerto y el aeropuerto. Un déficit cifrado en unos 3.000 millones.

Tampoco el presidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), Francisco Gómez, se mordió la lengua, fiel a su militancia alicantinista y a la defensa de lo que llama los «vecinos del sur», que salpica de forma constante su discurso. «Hay que luchar contra la infrafinanciación, pero, ¿para qué? ¿Para que se lo quede todo València incluso cuando es el presupuesto del Gobierno central?», sentenciaba. Gómez, de hecho, calificaba de «despropósito» el primer proyecto de presupuesto de Pedro Sánchez.

Mientras tanto, el presidente de la Federación de Obras Públicas en Alicante (FOPA), Javier Verdú, entraba más harina, e incluso ponía el foco en el agravio respecto a autonomías concretas, y, en particular, respecto a Cataluña. «Obras ya adjudicadas, como la variante de Benissa, tienen consignación, faltaría más, pero se nota que falla el interés inversor en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en Alicante». A modo de ejemplo, aludió a los dos millones de euros que se destinarán únicamente a la ampliación de la A-7 de Crevillent a Orihuela, «cuando debería estar licitada», según denunció con un marcado tono crítico Verdú.

Finalmente, el presidente de la Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal), Juan José Sellés, se mostró muy duro con los presupuestos en general. «Son una carta a los Reyes Magos. Deberían ser un compromiso por parte del Estado, pero no es así. Solo hay que ver el grado de ejecución del año pasado».