Durante sus últimas dos reuniones en la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se había comprometido con el jefe del Consell, Ximo Puig, a cumplir con la Comunidad Valenciana en el reparto de las inversiones del Estado. ¿Cómo? Equiparando el dinero destinado al conjunto de la autonomía para los grandes proyectos al volumen de nuestra población. Eso suponía entre un 10 y un 11% de las inversión territorializada con un crecimiento de cuatro puntos, en la misma línea marcada por la reciente reforma del Estatuto de Autonomía. Ese gesto suponía, desde luego, restañar la histórica discriminación que sufre la Comunidad tanto en el reparto de las inversiones de Madrid como en la distribución de la financiación autonómica. El pasado sábado, en estas mismas páginas, ya se aludía la necesidad de que ese imprescindible trato justo que reclama la Comunidad Valenciana se extendiera de la misma forma a la provincia de Alicante, la más maltratada de nuestra autonomía durante los gobiernos de Mariano Rajoy con más de mil millones de déficit inversor. Y además se alertaba del riesgo que suponía que el presupuesto del Estado para 2019 cumpliera con el conjunto de la Comunidad pero, sin embargo, que posteriormente el dinero no se repartiera con esos mismos criterios de población entre las tres provincias. Y ese es el truco de estos presupuestos.

Es verdad que Pedro Sánchez ha cumplido globalmente con la Comunidad Valenciana: la inversión está situada en la órbita del 10% que le pidió a Puig pero sin embargo, una vez más, Alicante se queda en el furgón de cola. Es verdad que el presupuesto inversor en la provincia crece en 63 millones -algo más de un 30% de una inversión que partía de los peores niveles de la historia- pero también que el grueso de las inversiones se concentra en Valencia y en Castellón, que salen muy primadas en el reparto con aumentos de su inversión del doble que los de la provincia. Pero, sobre todo, que el dinero que llegaría a Alicante se vuelve a quedar muy lejos de la media -unos 200 millones menos- que le corresponde por su población como la quinta provincia de España. Y encima sin recuperar ni un céntimo de lo que perdió en los últimos siete años. Lo que se reclama con toda la razón a Madrid para toda la Comunidad luego resulta que, una vez más, no se aplica con un criterio similar en el reparto entre las tres provincia. No es lo de siempre, pero casi.

El final de estos presupuestos, sin embargo y a diferencia de los anteriores, no está escrito: no cuentan a día de hoy con mayoría suficente para su aprobación. En las cuentas de 2018 se retrató el PP marginando nuevamente a la provincia en el reparto de la inversión, como venía haciendo de forma sistemática desde que que llegó Rajoy a la Moncloa. Y se retrató Ciudadanos, entonces el socio que sostenía a Rajoy pero que fue incapaz de mejorar en el trámite de enmiendas el porcentaje de dinero para Alicante. En estos presupuestos para 2019, los socialistas limitan su gesto con la provincia a un punto que está muy por debajo de lo esperado con una doble vara de medir en el reparto. También les retrata. Y los diputados de Compromís en el Congreso, con votos decisivos para la aprobación de estas cuentas, también quedarán retratados, y mucho, si no utilizan su posición clave para igualar el esfuerzo inversor en Alicante al del resto de la autonomía. Eso también es hacer Comunidad.