13 de enero de 2019
13.01.2019

Embargan la pensión de Blasco para recuperar dinero desviado en el fraude de Cooperación

13.01.2019 | 04:15
El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo el embargo de 59.000 euros a los responsables del PP condenados en el «caso Blasco», entre ellos, el exconseller y exportavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, y transfirió esta cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas, según una notificación del máximo órgano auditor del Estado. Según ha podido saber este periódico, esta transferencia fue ejecutada el pasado día 8 de este mismo mes. De este modo, el Tribunal de Cuentas persigue que los excargos del PP y funcionarios condenados en este caso devuelvan los 1,7 millones de fondos públicos de la Generalitat que debieron destinarse a diversos proyectos de cooperación en Nicaragua pero que se desviaron para que los responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en València. De los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo llegaron a su destino 43.953 euros y el Tribunal de Cuentas ya cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas.
Los 59.000 euros recuperados ahora corresponden a las pensiones del exconseller de Solidaridad bajo el mandato de Francisco Camps, Rafael Blasco, y de su exsecretaria general administrativa Tina Sanjuán, y a la nómina del exsubsecretario Alexandre Català. El desglose de lo que corresponde a cada uno no ha trascendido.Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados. En junio de 2015, el Tribunal Supremo ratificó la condena de Rafael Blasco y otros responsables de la trama de corrupción por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo dictada un año antes por el TSJ de la Comunidad, dejando la pena al exconseller del PP por malversación, prevaricación y falsedad documental a 6 años y medio de prisión, en lo que se refiere únicamente a la primera pieza del «caso Cooperación». En el procedimiento penal del TSJCV ya se procedió a requerir la devolución de las cantidades a los empresarios pero es en el Tribunal de Cuentas donde corresponde la reclamación a las autoridades políticas y funcionarios condenados.
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