El Consejo de Ministros, después de siete meses de gobierno socialista con Pedro Sánchez en La Moncloa, aprobó ayer el anteproyecto de presupuestos para 2019 con dos grandes incógnitas. Una tiene un impacto más general y solo se podrá ir desvelando a medida que el próximo lunes arranque la tramitación en el Congreso. ¿Tendrá el gobierno votos suficientes para sacar adelante las cuentas y salvar un escenario que le abocaría a convocar elecciones anticipadas? Y una segunda que, desde luego, se sustancia desde una óptima más doméstica con un relato que se moldeará a partir de que en un plazo de 48 horas vayamos conociendo detalles de las cuentas. ¿Incluirá ese documento, por vez primera en mucho tiempo, un volumen de inversión para la Comunidad Valenciana de alrededor del 11%, cumpliendo con la última reforma del Estatuto y de acuerdo con la promesa que el propio Pedro Sánchez realizó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante una de sus últimas visitas a Madrid?
Dejando la aprobación de los presupuestos a expensas del voto de los nacionalistas catalanes, en clave autonómica, de momento, la gran cuestión, efectivamente, es si la Comunidad tendrá, al menos en el documento que luego se podrá modificar durante el debate parlamentario, el «trato justo» que viene reivindicando. Tanto el jefe del Consell como la vicepresidenta y líder de Compromís, Mónica Oltra, están casi convencidos de que Pedro Sánchez cumplirá con esos porcentajes. Por dos motivos. Primero: ahora mismo Puig es uno de los barones territoriales socialistas que respalda la solución dialogada en Cataluña que abandera Sánchez. Y segundo: el voto de los cuatro diputados de Compromís en Madrid con Joan Baldoví a la cabeza, en estos momentos, es tan determinante como el de los parlamentarios catalanes. El presidente Puig lleva días verbalizando la creencia de que se atenderá su petición y Oltra, aún con un discurso un tanto más combativo en las formas, se mostró ayer casi convencida de ello durante su comparecencia posterior a la primera reunión del Consell en 2019.
Pero una cosa es que la Comunidad reciba un porcentaje inversor acorde a su peso de población; y otra, muy diferente, es que ese dinero se reparta entre las tres circunscripciones valencianas bajo ese mismo criterio. Puig le trasladó a Sánchez durante su última reunión que Alicante debía tener un trato preferente teniendo que en cuenta que los dos últimos años de mandato de Mariano Rajoy fueron los peores de la historia en inversión para esta provincia vía presupuestos. Ha sido la peor parada casi siempre. Y todo lo que no sea una aportación de 450 millones del Estado para las comarcas alicantinas en 2019 estará por debajo de lo que nos toca. Nuestra Comunidad debe tener un trato justo. Sin duda. Pero nuestra provincia también. Eso también es hacer Comunidad.
