Un año más... Y ya van tres. Los municipios de la provincia de Alicante se quedarán sin ingresar la mitad del dinero del Fondo de Cooperación Local impulsado por la Generalitat como consecuencia del boicot de la Diputación, que es la única gran institución de la Comunidad Valenciana que ha rechazado sumarse a ese proyecto. Así las cosas, los consistorios alicantinos percibirán la mitad del dinero que los de Valencia y Castellón -también con gobierno del PP-, cuyas diputaciones sí se han sumado a la iniciativa autonómica. En el trasfondo del pulso -un clásico de este mandato- aparece el intento de la Diputación de mantener un sistema de control del reparto de sus fondos evitando entrar en el modelo de criterios objetivos que marca la Generalitat.

Durante la visita del pasado miércoles al Palau del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, el jefe del Consell, Ximo Puig, anunció el inicio del trámite para pagar a cada consistorio su parte del fondo de cooperación municipal correspondiente a 2019. La aportación de la Generaltiat alcanza los 40 millones de euros mientras que las tres diputaciones debían comprometer otra cantidad similar en función de su población. A la Diputación de Valencia le correspondían unos 21 millones y a la Castellón casi 5,7 millones, dinero que ya han previsto. La corporación alicantina que preside César Sánchez, del PP, sin embargo y como ha ocurrido en ejercicios anteriores, ha declinado sumarse con los 13,7 millones que le correspondían.

El Fondo de Cooperación Municipal de la Generalitat -un acuerdo de la FVMP que se remonta a 1999 durante el mandato de Eduardo Zaplana pero que nunca se llegó a poner en marcha hasta la victoria de la izquierda en 2015- se reparte mediante un sistema objetivo en función de la población que, además, tiene un mecanismo corrector para que salgan beneficiadas las localidades más pequeñas. Pero, además, el dinero del fondo del Consell no tiene destino definido con lo cual cada población lo puede destinar también a sufragar algún tipo de servicio o gasto corriente ligado a esas actividades.

La Diputación de Alicante alega que no tiene disponibilidad para aportar esa cantidad y colaborar con el fondo en igualdad de condiciones que el resto de poblaciones de la Comunidad. Sin embargo, una vez disponga de los remanentes de tesorería del presupuesto de 2018, sí habilitará una partida económica similar, como confirmaron fuentes provinciales, para una distribución de subvenciones que, a diferencia del fondo autonómico, sí estaría condicionada a la puesta en marcha de obras financieramente sostenibles. El listado de beneficiados lo controlaría la Diputación al margen de criterios objetivos. Ese es el verdadero trasfondo y la clave de la pugna. «No hay interés. Únicamente mantener el clientelismo en esas ayudas», apuntan desde Presidencia de la Generalitat.