No es ningún secreto que la elección de Pablo Casado como líder nacional del PP se escenificó con una nítida y cristalina fractura ideológica. Un debate entre los partidarios de un discurso de talante moderado que pudiera disputar ese gran espacio de centro que perfilan siempre todas las encuestas y los que optaron, finalmente con éxito, por aupar al mando del PP una hoja de ruta que incluía un evidente giro a la derecha bajo la tutela de la «fábrica de ideas» de José María Aznar. Esa apreciable división había permanecido más o menos larvada desde que en el congreso que el partido celebró en verano, los compromisarios del PP -la inmensa mayoría cargos y asalariados públicos- se pasaron por el forro el mandato de sus militantes en las urnas que habían dado la victoria a Soraya Sáenz de Santamaría para optar por Casado. La irrupción de los ultras de Vox en Andalucía, sin embargo, ha terminado por reabrir esa herida que agrieta las filas del PP.
Crecen en los últimos días el número de dirigentes populares tanto en la provincia como en la Comunidad incómodos en la misma línea que han verbalizado la mayoría de barones del PP con el gallego Alberto Núñez Feijóo a la cabeza o la presidenta del Congreso, Ana Pastor. Muy incómodos con la colaboración que un Pablo Casado desesperado por tocar poder en el gran feudo socialista para tratar de consolidarse en Génova ha inaugurado con un pacto que le permitirá gobernar Andalucía junto a Ciudadanos pero controlados por el imprescindible respaldo parlamentario de los ultras. Es cierto que del acuerdo final se ha quedado al margen la indecente pretensión de Vox de mercadear con sus votos para anular las leyes contra la violencia de género. Pero también que los populares han tenido que asumir parte del ideario ultra para poder instalarse en el gobierno andaluz como, por ejemplo, cambiar las leyes de memoria histórica. Solo poner sobre la mesa todas esas cesiones, como ha puesto de manifiesto Manuel Valls, el catalán que fue primer ministro de Francia y ahora candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, ya se hubiera tenido que articular un cordón para aislar a los ultras como el que le dio la victoria en el país vecino a Macron, el espejo en el que se mira Albert Rivera. Una cosa es que en Andalucía era necesaria la alternancia después de casi cuatro décadas de un socialismo corrupto desde hace tiempo y otra muy diferente dar paso a la ultraderecha.
Al PP se le abrió el cielo en la provincia y la Comunidad con el resultado andaluz. He pasado de unas elecciones en las que la mayoría daba por hecho que el Consell del Botànic repetiría con una nueva mayoría de la izquierda a otro escenario en el que juegan con un «comodín del publico» -Vox- que puede restarle votos al PP y a Cs en la suma global pero que luego, en el momento que rebase el 5% de los votos, le arrebata escaños a todos. De las encuestas publicadas -incluída la sonrojante proyección del CIS con apenas 300 entrevistas en toda la Comunidad y tres cambios del sistema de tabulación- se puede extraer, sin embargo, una conclusión: la posible irrupción ultra reduce la diferencia ente los dos bloques, la ajusta y concede opciones a la derecha. Eso supondrá pagar el peaje, como también puede ocurrir en el ámbito municipal, de tener que sentarse con los ultras.
El escenario de tener que negociar bajo las reglas de Vox no agrada a muchos de los cargos populares por estos lares. Al primero que no le hace ninguna gracia ese escenario es al presidente provincial del PP, José Císcar, que no avaló en su momento a Casado y que es un dirigente de perfil moderado. Isabel Bonig, candidata a la Generalitat y líder regional del partido, fue también muy clara, por vez primera, en una entrevista ayer en la cadena Ser. «Hay una serie de líneas rojas que no vamos a traspasar», avisó Bonig que consideró inasumibles algunas de las propuestas lanzadas por Vox y que se negó a dar ningún paso atrás en las medidas pactadas contra la violencia de género. Una grieta que está por ver con el mensaje que se camufla en el acto que el próximo sábado traerá a Casado a València para proclamar a Bonig y a los candidatos del PP en las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana, entre ellos el alicantino Luis Barcala. Temen muchos cargos populares que la deriva hacia la derecha radical que ha tomado su líder nacional alimente todavía más la bolsa de Vox.
Pase lo que pase, en las filas populares saben que llegado el caso, si la aritmética suma, tendrán que hablar con los ultras para buscar acuerdos tanto en los municipios y en las Cortes como en Andalucía. Aunque sea con resignación. Se ha convertido en la única opción de darle la vuelta a la tortilla. A la fuerza, ahorcan. En ese punto, señalan desde la cúpula del PP, habrá dos «líneas rojas» muy claras: el respeto a la Constitución con todo lo que eso conlleva y a las competencias de autogobierno establecidas en el Estatuto de Autonomía. Confían los populares, en todo caso, que las peticiones de Vox, como ha ocurrido en Andalucía, se vayan moldeando y tamizando a medida que se «acomoden» a las instituciones. Pero, ocurra lo que ocurra, es un escenario completamente nuevo que avivará un peligroso e inquietante debate para el PP.
