Aunque el actual Consell del Botànic haya podido levantar en estos años la hipoteca reputacional que recibió en 2015 y haya dado un giro al paradigma de los casos de corrupción por una gestión «honesta», es altamente improbable que ni este ni los próximos gobiernos puedan alzar las obligaciones económicas de la Generalitat.
Una pesada losa económica, inabordable en las condiciones actuales, que en el último año analizado por el Síndic de Comptes ha vuelto a crecer hasta sobrepasar por primera vez los 51.000 millones de euros, 28.470 de ellos con obligación de devolver en los próximos cuatro años. Ese aumento de las obligaciones de pago, cuyo crecimiento el órgano fiscalizador que preside Vicent Cucarella cifra en el 2,9% respecto al ejercicio anterior, es debido fundamentalmente a las operaciones de endeudamiento vinculadas a los mecanismos de financiación estatales, que permiten dar oxígeno a las cuentas valencianas y que desde 2012 han evitado de forma continuada el colapso de las cuentas valencianas, la autonomía con mayor deuda en función de la riqueza que genera (PIB) y que debería destinar dos presupuestos y medio para liquidar sus números rojos.
Pero, ese dinero que llega todos los años a través del Fondo de Financiación Autonómica (FLA) no son transferencias que graciosamente envía el Estado, sino préstamos que hay que devolver y con intereses. Así, en el desglose del endeudamiento de la Generalitat se observa que el gran lastre que maniata las cuentas valencianas son precisamente los préstamos del FLA y el Fondo Social o el pago a proveedores. El FLA que llegó en 2012, el primer año en que la Generalitat quedó completamente asistida por el Estado, habrá que devolverlo en 2023 y el de 2017 tiene vencimiento en 2027. El del FLA es el compromiso de pago a futuro más considerable, pero no el más alejado en el tiempo ya que en el resumen figuran obligaciones con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con vencimiento 2035 e incluso una deuda contraída por inversiones en FGV financiadas por esta entidad europea y que tiene como fecha de pago el año 2039, a más de 20 años cuando ya se habrán celebrado, si no cambia el calendario, cinco elecciones autonómicas.
Según el desglose que realiza el Síndic 6.733 millones tienen que devolverse en el corto plazo mientras 38.871 millones de la deuda figuran como compromisos a largo plazo. La sección con mayor volumen de gastos es la denominada «servicio de la deuda», a punto de convertirse en la primera conselleria y que supone 45.615 millones de euros (88,3 % del total), que comprende las amortizaciones y los intereses de la deuda. La segunda es Sanidad Universal que recoge compromisos de gasto por 3.397 millones, que provienen de contratos o conciertos sanitarios, gestión de departamentos de salud o transporte sanitario, entre otros. Las obligaciones de la Conselleria de Vivienda alcanzan los 1.089 millones de euros, que incluyen entre otros, los compromisos derivados de los contratos de concesión de obra pública para la construcción, conservación y explotación de autovías que se realizaron en los años de gobierno del PP.
La ruinosa situación económica de la Comunidad Valenciana no es nueva, pero el Síndic de Comptes sí señala en su informe varias ideas que los expertos ya han planteado como salidas. Cucarella señala que la infrafinanciación autonómica tiene «consecuencias negativas» y que el actual modelo de reparto del dinero en España es «discriminatorio» y además va a condicionar el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas.
En ese punto, el Síndic de Comptes ve como únicas salidas la «reestructuración» de la deuda (la mayor parte en manos del Estado) o de un resarcimiento de la infrafinanciación que se ha padecido en los últimos años. Él mismo sitúa ese «agujero» de la infrafinanciación en torno a los 30.000 millones, como ayer destacó este diario. Ese dinero vendría a ser una especie de deuda histórica del Estado con los valencianos, que no deja de aumentar todos los años y que adquiere volúmenes inmensos sin que el actual modelo de financiación, caducado desde hace cuatro años, tenga visos de modificarse ante la fragmentación política actual.
El Síndic de Comptes señala que no se incluyen los compromisos derivados del acuerdo de financiación del plan de modernización de instalaciones de Feria València derivados del convenio de 2002, por un importe de 450,6 millones (296,2 millones de euros de capital y 154,4 millones de euros de intereses estimados) o las cuotas por los compromisos de los planes de inversiones de las universidades públicas, que ascenderían a 126,1 millones de capital, más los intereses , que según las previsiones del IVF serían de 35,3 millones.
