El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, aplaudió ayer que el informe de fiscalización de las cuentas de la Generalitat se convierta en un contundente argumento para el Consell en su «firme» reivindicación ante el Gobierno para acometer una «reforma urgente y necesaria del sistema de financiación autonómico», que otorgue a la Comunidad Valenciana un trato de igualdad con el resto de las comunidades autónomas.

En concreto, el informe del Síndic destaca que el sistema de financiación autonómica continúa perjudicando a la Comunidad Valenciana de forma significativa, al tiempo que pone en evidencia que el Consell habría alcanzado en 2017 el equilibrio presupuestario si se hubiera cumplido la promesa del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de ese año, en el sentido de que en ese mismo ejercicio se haría efectiva la reforma del modelo de financiación autonómica. El informe de la Sindicatura pone de relieve que el resultado negativo del ejercicio de 2017 fue de 1.368 millones, con unos gastos que ascendieron a 14.535 millones, frente a unos ingresos de 13.167 millones.

Soler subraya que el Síndic pone el acento en que el déficit presupuestario alcanza una cifra similar a la reivindicada con una reforma equitativa de un modelo de financiación autonómica que, según recuerda el conseller de Hacienda, está caducado desde el 1 de enero de 2014 y sigue penalizando injusta y gravemente a los valencianos al asignarles la peor financiación per cápita de toda España. Además, el Síndic avala la necesidad de los 1.325 millones reivindicativos que la Generalitat consigna en sus presupuestos con el fin de garantizar que los valencianos gocen de los mismos derechos que el resto de ciudadanos, añade el responsable de Hacienda.

Soler añade: «Hemos incluido en las cuentas valencianas esa cantidad desde 2016 porque es de justicia que la Comunidad Valenciana pueda disponer de unos ingresos que permitan igualar la media por habitante a la del conjunto de las comunidades autónomas». En el ejercicio 2017, «la inclusión de esta partida vino motivada tanto por la situación de infrafinanciación crónica que padece esta Comunidad y que ha sido reconocida tanto por la Comisión de Expertos de las Cortes y a nivel estatal».