Los gastos contraídos sin cobertura presupuestaria vulneran la ley, afirma la Sindicatura de Comptes. Sin embargo, el órgano fiscalizador ha encontrado 339 expedientes de resarcimiento (enriquecimiento injusto) en las cuentas de la Generalitat de 2017 por un importe conjunto de 1.115 millones. Ello ocurre cuando se produce una insuficiencia en el presupuesto para atender el gasto generado en un ejercicio y se envía al siguiente, una práctica que el Síndic detecta de forma reiterada y que constituye, según dice, un elevado riesgo de incumplimiento de la normativa presupuestaria y de la contratación pública.
«Representan un porcentaje significativo de los capítulos que concentran el gasto de la actividad contractual», señala. El grueso de los expedientes de resarcimiento los acumula la Conselleria de Sanidad (959) aunque la que más veces recurre a esta práctica es Igualdad y Políticas Inclusivas, que la ha utilizado en 111 ocasiones, aunque por valor de 104 millones.
Por eso, la Sindicatura de Comptes aconseja a la Generalitat dotarse de una normativa para una adecuada gestión de estas prácticas. El Consell del Botànic responde que esa práctica se producen por la infrafinanciación que provoca que el gasto real sanitario sea superior al que se puede presupuestar y recuerda que el PP aún eran mayores. En 2014 el Consell del PP aprobó enriquecimientos injustos por 1.252 millones y en 2012, un único expediente sumó 1.748 millones de gasto sanitario.
Además, el organismo que dirige Vicent Cucarella señala que la Generalitat registra niveles de pago muy bajos e incluso nulos en algunas líneas de subvenciones, lo que supone, además del incumplimiento de los plazos, un efecto negativo sobre colectivos o entidades cuyas actividades son objeto de ayudas. También se han observado indicios de fraccionamiento de contratos por importes superiores al umbral máximo legal.
Cumplen los principios contables
Las cuentas de la Generalitat cumplen en general los principios contables y el Síndic de Comptes no ha encontrado responsabilidades que comunicar a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Pero entre las salvedades, circunstancias que resultan significativas, Cucarella señala las liquidaciones de los departamentos de salud privatizados, el pago de ayudas de la Conselleria de Vivienda y las provisiones para la gran cantidad de procimientos judiciales existentes.
En los contratos de los departamentos de Sanidad a fecha del informe se encontraban bajo concesión Alzira, Torrevieja, Dénia, Manises y Elche-Crevillent que tenían 36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o recurridas, lo que impide al Síndic tener una imagen real de la situación creada. Además, Cucarella tiene dificultades para estimar de forma razonable las ayudas que la Administración adeuda por el Plan de Vivienda, del que aún no se habían aplicado 21 millones a final del año pasado. Y a la vista del gran número de procedimientos judiciales en curso con posibles responsabilidades del Consell detecta falta de provisión por 87 millones.
