La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, destacó ayer que ninguna persona enferma de gravedad como lo está el expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana debería estar en la cárcel. Al respecto dijo que este caso debería servir para reflexionar sobre cómo humanizar el sistema penitenciario. Así contestó a los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Consell, y recordó que desde el pasado 2 de agosto ya viene defendiendo que «ninguna persona enferma debería estar en prisión». «Pero eso no solo vale para Eduardo Zaplana sino también para las centenares de personas anónimas que están en prisión en situación similar de gravedad o peor y que son invisibles», recalcó Oltra.

En ese sentido, manifestó que casos «tan notorios» como el de Zaplana deben servir «para reflexionar sobre la humanidad de nuestro sistema penitenciario porque la pena más grave es la privativa de libertad». Añadió que esa falta de libertad «no puede suponer una pena más grande». Además, señaló que cuanto mejor se trata a unas personas «que están en deuda con una sociedad, mejor es la calidad democrática y humana que tiene esa sociedad». Con todo, aclaró que ni ella ni tampoco el Consell entran a valorar el auto de una jueza porque para decretar continuar en prisión provisional «se deben tener en cuenta muchas cosas» y el objetivo de esta medida, que es asegurar la presencia en juicio, «solo lo puede valorar la jueza».

«En el mapa de la decencia»

La vicepresidenta Oltra, por otro lado, aprovechó la rueda de prensa del último pleno del año para afirmar que el Consell del Botànic «ha puesto a la Comunidad en el mapa de la decencia con políticas pionera» y que ahora «ser valenciano ya no significa agachar la cabeza y estar avergonzado de tu gobierno». Valoró que durante este 2018 han empezado a notarse, en la vida y cotidianidad de las personas «los impactos positivos del cambio que se inició hace tres años. Además, Mónica Oltra consideró «una traición» el veto de las derechas en el Senado a la senda de déficit del Gobierno que le resta 240 millones a la Comunidad. «Son ganas de que no venga dinero para las políticas sociales que necesita la Comunidad Valenciana», recriminó.