La Generalitat cerró 2017 con un «grave desequilibrio patrimonial», al finiquitar el ejercicio con unos fondos propios negativos de 29.294,8 millones de euros. Es el principal dato macroeconómico del informe de la Sindicatura de Comptes que su titular, Vicent Cucarella, entregó ayer a las Cortes y al jefe del Consell. El saldo negativo empeora con respecto al ejercicio anterior auditado (2016), cuando el agujero de las cuentas públicas fue de 28.104,2 millones. Ha crecido, por tanto, en más de mil millones.
La situación, dice el Síndic, es consecuencia de la acumulación de resultados negativos de ejercicios anteriores (30.758,9 millones) junto con el balance también en números rojos de 2017 (1.368,2 millones). La resta del patrimonio alcanzado (2.832,3 millones) da el saldo negativo citado.
Las pérdidas acumuladas del Consell, añade el auditor, se originan fundamentalmente «por la insuficiencia de ingresos de la Comunidad Valenciana», que se cubre mediante el recurso del endeudamiento. Este continúa en crecimiento en términos absolutos (45.604 millones al término de 2017), pero por primera vez desde la crisis desciende en relación con el PIB (producto interior bruto).
La Sindicatura de Comptes abunda, como en ejercicios anteriores, en el peso de la infrafinanciación valenciana para explicar las pérdidas y deudas de la Generalitat. En esta ocasión su juicio es especialmente crudo a la hora de valorar la situación.
A pesar de que constata que el déficit presupuestario ajustado se ha reducido en los últimos ejercicios por «la buena evolución de los ingresos», señala que «permanece en niveles muy elevados», que «será difícil equilibrar con el actual sistema de financiación autonómica». Así, Cucarella asegura que las dificultades económicas de las Comunidad Valenciana «se ven agravadas por el resultado del discriminatorio sistema de financiación».
El hecho de que 37.131,1 millones del total de deuda corresponda a los mecanismos estatales de financiación da cuenta de esta situación de urgencia de recursos de la Comunidad Valenciana para hacer frente a los servicios públicos fundamentales.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, destacó ayer que el «desahorro» (la diferencia entre ingresos y gastos) durante el ejercicio 2017 puesto de manifiesto en el informe (1.368,2 millones) coincide prácticamente con los 1.325 millones «reivindicativos» (y ficticios) que el Botànic ha incluido en todos sus presupuestos hasta ahora.
A pesar de este hecho, la Sindicatura insiste en la posición que ya expresó el año pasado sobre este hecho: «la Generalitat debe incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado, derivadas del sistema de financiación, únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable espera obtener». O sea, que no dé rienda suelta a la imaginación, ni siquiera para reivindicar lo que considera justo.
Otra de las grandes conclusiones del informe de fiscalización es que la Sindicatura «no ha encontrado situaciones en las que pudieran concurrir las características básicas de la responsabilidad contable». De este modo, el auditor público ve nada denunciable ante el Tribunal de Cuentas, aunque sí destaca, por ejemplo, que el Consorcio Vuelta a Mundo a Vela de Alicante y la Fira de València no han presentado cuentas anuales y que hay líneas de subvenciones con niveles de pago «muy bajos, o incluso nulos».
