La colisión entre los criterios sanitarios y jurídicos respecto a la situación vital del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana se entrechocan desde finales de mayo. Por ahora se han impuesto los criterios jurídicos para mantenerlo en prisión. Sólo la titular del Juzgado de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción conocen los detalles de los motivos que existen para mantener al exministro de Trabajo y dos de sus testaferros en prisión preventiva desde hace siete meses, tras ser detenidos el 22 de mayo, en el marco de la Operación Erial.

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Las razones argumentadas para mantenerlos en prisión preventiva son el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Sobre todo las que permitan seguir el rastro del dinero que, presuntamente, los tres pusieron a buen recaudo en tres paraísos fiscales (Luxemburgo, Uruguay y Paraguay), según la escasa información que ha transcedido hasta ahora ya que la causa sigue secreta tras casi tres años de investigación.

La sección quinta de la Audiencia de València ha secundado hasta ahora en cuatro ocasiones los argumentos de la jueza y el fiscal. Persiste el riesgo de fuga, volvían a repetir en una resolución del 18 de diciembre, el mismo día que Zaplana quedaba ingresado en el hospital y que ayer hizo pública el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Seguimientos y escuchas

Ningún jurista niega la delicada situación sanitaria de Zaplana. «No se duda en absoluto de que Eduardo Zaplana padece una leucemia, fue sometido a un transplante de médula por lo que padece la enfermedad injerto contra huésped, por lo que debe recibir un tratamiento inmunosupresor y sufre patologías y molestias que no son objeto de cuestionamiento por este Tribunal», advertían los magistrados de la sección quinta en un auto dictado en septiembre.

Aunque a los investigadores no se les pasa por alto que desde que el exministro fue trasplantado en 2015 «ha sufrido recaídas de su enfermedad estando en libertad, por las que ha precisado de ingreso hospitalario» en las que no cesaba su actividad empresarial y presuntamente ilícita. En una de estas hospitalizaciones, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya lo investigaba por orden judicial y las «intervenciones telefónicas practicadas» revelaron que Zaplana «estuvo gestionando telefónicamente sus negocios desde el hospital».

El seguimiento al que se sometió al exministro también permitió a los investigadores comprobar que pese a su delicado de salud, «la vida del señor Zaplana en libertad no transcurría en el estado de asepsia que ahora se dice que necesita de forma vital para sobrevivir, ni era precisamente una vida tranquila propia de persona enferma».

Tres meses después su situación clínica ha empeorado ostensiblemente. Aunque no la judicial. La jueza de Instrucción 8 prorrogó a mediados de diciembre el secreto del sumario, según confirman fuentes de las defensas. Una situación que complica la puesta en libertad de los tres acusados. Y que sólo podría cambiar para Zaplana si su estado de salud aconseja que se mantenga ingresado en La Fe. Gracias a los dos años de seguimiento al exministro portavoz del gobierno de José María Aznar los investigadores pudieron comprobar la «intensa actividad tanto social como profesional que desarrollaba, con numerosos viajes con frecuencia superior a la semanal». Por lo que «no hace falta ser licenciado en medicina para conocer que los aeropuertos, estaciones, aviones, trenes, restaurantes y reuniones sociales numerosas no propician en absoluto ese medio con ausencia de gérmenes patógenos que se pretende hacer ver que [Zaplana] necesita de forma inexcusable para hacer su estado de salud compatible con la vida». Es más, incluso consideran que en el centro penitenciario «es controlado diariamente por los servicios médicos de la prisión lo que es, sin duda, más atención médica que la que recibía en libertad».