28 de diciembre de 2018
28.12.2018

El Síndic detecta un desequilibrio patrimonial en la Generalitat de -29.300 millones

El informe de fiscalización del año 2017 alerta de las dificultades para hacer llegar las ayudas a la Vivienda y cifra la deuda del Consell en 45.600 millones

28.12.2018 | 14:15

La Generalitat cerró el ejercicio 2017 con un "importante desequilibrio patrimonial", con unos fondos propios negativos de -29.294,8 millones de euros y una deuda financiera de 45.604,8 millones, aunque el endeudamiento en porcentaje del PIB se redujo por primera vez desde el inicio de la crisis.

Así lo recoge el Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat de 2017, que este viernes ha entregado el síndic major de Comptes, Vicent Cucarella, a Les Corts Valencianes, tras lo cual se ha reunido con el president de la Generalitat, Ximo Puig.

Como salvedades, el informe refleja que en los contratos de las concesiones sanitarias (departamentos de salud de Alzira, Torrevieja, Dénia, L´Horta Manises y Elx-Crevillent) aún quedan 36 liquidaciones anuales pendientes de aprobación o recurridas.

Además, insiste en que sigue habiendo dificultades para estimar de forma razonable las ayudas que la Administración adeuda en materia del Plan de Vivienda, del que aún no se habían aplicado veintiún millones de euros a final del año pasado.

Destaca asimismo que, a la vista del gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, se deberían haber presupuestado 87 millones de euros de provisión para su cobertura.

La Sindicatura estima que las consignaciones presupuestarias son "insuficientes" para pagar las subvenciones que se debieron haber concedido durante el ejercicio, y constata niveles de pago "muy bajos o incluso nulos" en algunas líneas de subvenciones, lo que incumple los plazos y tiene un efecto negativo "importante" sobre algunos colectivos.

También recuerda que en el presupuesto solo deben incluirse las previsiones de ingresos procedentes del Estado que se espera obtener de manera "razonable", a pesar de los anuncios sobre la modificación del modelo de financiación autonómica.

En materia de contratación, la Sindicatura ha identificado incumplimientos como la indeterminación de los precios, la falta de preponderancia real de los criterios objetivos en los procesos de contratación o la falta de documentación acreditativa de la solvencia económica y financiera de los licitadores.

Igualmente, expone que hay diferentes instituciones no han comunicado al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat determinados contratos menores ni otros pagos efectuados por el sistema de caja fija.

En las conclusiones, el informe señala que las consignaciones definitivas del Presupuesto de la Generalitat de 2017 "se han mostrado insuficientes" para atender las transferencias y subvenciones a conceder en el ejercicio, por lo que pide que se haga una elaboración presupuestaria "más ajustada a las necesidades reales previstas".

Sobre las ayudas a comedores escolares, reitera que la contratación de los servicios de comedor y de monitores de los centros docentes públicos no se efectúa por la Conselleria de Educación como órgano competente, sino por los propios centros docentes, sin atenerse a la ley de contratos del sector público.

El órgano fiscalizador reconoce el buen comportamiento de los ingresos y tributos cedidos, que permitieron un incremento de 1.236,3 millones de euros en los ingresos de la Comunitat, pero destaca que el sistema de financiación autonómica "continúa perjudicando a la Comunitat Valenciana de forma significativa".
Así, expone que el resultado negativo del ejercicio 2017 fue de 1.368,2 millones de euros (14.535,9 millones de gastos y 13.167,7 millones de ingresos), una cifra similar a la reivindicada con una reforma equitativa del modelo de financiación autonómica.

La Sindicatura alerta un año más de las consecuencias negativas que el actual sistema de financiación autonómica tiene para la Comunitat.

Advierte de que la elevada deuda pública "condicionará negativamente el desarrollo futuro de los servicios públicos valencianos, salvo que se adopten medidas de reestructuración de la deuda o de resarcimiento de la infrafinanciación" autonómica padecida los últimos años.

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