La reforma de la financiación autonómica se aplaza un año más -lleva un lustro bloqueada desde enero de 2014-, pero, además, no parece probable que se apruebe ni en el corto ni en el medio plazo, situación que no inquieta demasiado a las comunidades autónomas que han logrado más beneficios tras los contactos bilaterales con el Gobierno. Aunque 2018 arrancó con el firme propósito de cerrar el año con un nuevo modelo y pese a un pequeño impulso en el primer semestre, la sentencia del caso Gürtel, la falta de un Govern en Cataluña y la moción de censura retrasaron los plazos, y ya en junio el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, admitía que «no había tiempo material» para la reforma, que debía esperar a un mejor momento político. No obstante, fuentes del Ministerio de Haciendaque cita Efe aseguraron que el objetivo del Gobierno es que el «esqueleto del futuro modelo esté concluido esta legislatura» tras varios años de «bloqueo» con el Ejecutivo del PP.

En cualquier caso y mientras llega la reforma del sistema, Sánchez ha ido anunciando iniciativas para mejorar, de forma inmediata, la financiación de cada una de las comunidades y paliar sus urgencias económicas. En ese «standby» y conscientes de que el modelo no se aprobará esta legislatura, el Gobierno citó en septiembre a las comunidades a una Comisión de Financiación Autonómica que pretendía dar por concluidos los trabajos técnicos e iniciar «la negociación política», con la principal novedad de incorporar Cataluña, tras un año ausente por el 155.

No obstante y pese a no entrar en vigor el nuevo modelo, las autonomías han visto crecer sus ingresos y en 2019 podrán gastar más dinero que nunca con la recuperación, en parte, de impuestos vinculados a la actividad inmobiliaria y el alivio de la deuda a corto plazo. Desde la Comunidad Valenciana, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, indicó que la reforma del sistema es una cuestión «de la máxima prioridad», por lo que reclaman «con urgencia» su modificación y que entre tanto se pongan en marcha medidas transitorias que palíen la infrafinanciación. Soler destacó una inyección de 240 millones adicionales para los valencianos en derechos sociales; la devolución de una mensualidad del IVA, que supondrá 250 millones, y la refinanciación de mil millones de deuda valenciana de corto a largo plazo. Pero seguimos sin nueva financiación.