Para el máximo responsable de la SPTCV de lo que se trata es de reivindicar los intereses públicos y bajar cada edición el riesgo de la Generalitat Valenciana, que con el nuevo contrato pasa de 22 millones a 9,5 millones por la la organización del Village (3 millones) y otros y 6,5 por el canon. Como novedad ese canon estará ligado al impacto económico de la regata, que además con el nuevo contrato pasa a celebrarse cada cuatro año. El aval de la Generalitat también es menor y se quedría en 7 millones de los diez que llegó a aportar, según datos de la SPTCV.
