El V Encuentro mundial de las familias celebrado en Valencia el 8 y 9 de julio de 2006, que sirvió para «la transmisión de la fe en las familias» y para acoger la visita del papa Benedicto XVI a la ciudad tuvo un coste de 22,2 millones de euros. Los organizadores siempre han defendido que la cita logró autofinanciarse en un 70-80%. Aunque buena parte de la financiación fue a costa del erario público o donaciones forzosas a las que se vieron obligadas varias empresas que participaron en el suministro de los urinarios, las reservas hoteleras o la construcción del altar. Unos hechos que investigan el juzgado de Instrucción 5 y la Fiscalía Anticorrupción, que comenzarán a interrogar a los principales investigados a partir del próximo 16 de enero.
El primer citado a declarar será el obispo auxiliar Esteban Escudero, que también presidió la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF). Escudero mostraba en un escrito dirigido a la Conselleria de Justicia el 3 de marzo de 2014 su preocupación ante posibles filtraciones por las deudas impagadas de la FVEMF.
Un obispo sobre la deuda de la visita: "Ruego máxima discreción"
«Rogamos máxima discreción respecto al asunto, por la obligación de guardar el secreto comercial», finalizaba el obispo su escrito dirigido al servicio de entidades jurídicas de la Conselleria de Justicia, entonces dirigida por Serafín Castellano.
La cuestión sobre la que el obispo rogaba máxima discreción era la deuda que la fundación creada para la visita del papa aún mantenía en 2014 con la empresa FCC por la construcción del altar donde Benedicto XVI presidió el encuentro de las familias y celebró una multitudinaria misa. La construcción del altar tuvo un coste de 1,5 millones de euros, cuya deuda nunca ha llegado a pagarse.
FCC fue una de las dos empresas encargadas de construir el altar. La mercantil pasó al cobro una factura de 941.165,68 euros el 21 de noviembre de 2006. Cinco años después, la empresa recibió un burofax del obispo auxiliar y presidente de la FVEMF, Esteban Escudero, en la que «manifiesta discrepancia y la improcedencia de la misma, solicitando su anulación». La mercantil desistió de discutir el importe de la factura. «Ante la dificultad de realizar una revisión de las mediciones [del altar] acepta aplicar la valoración al concepto de donación».
Sobre esta operación, un informe de la Intervención de la Generalitat elaborado en enero de 2016 planteaba esta donación como «una posible contingencia fiscal» ya que esta cantidad fue contabilizada como gasto en 2006, pero cuando se transmuta en donación «debería haberse considerado como un ingreso no exento, de la fundación».
«Donación» de 941.165,68 euros
Según la explicación dada por el obispo en la carta remitida a la Generalitat, la «donación» de 941.165,68 euros fue «pactada en el ejercicio 2006» aunque «no se determinó en su cuantía hasta este ejercicio [las cuentas de 2011 que se presentaron en 2014] por las negociaciones llevadas a cabo durante este periodo». Y añade que «dicho ingreso ha sido utilizado para rebajar en el mismo importe el saldo vivo de la partida de acreedores varios».
Una partida de deudas que años después de la visita del papa ascendía a 4,9 millones de euros, según reveló un informe de la Intervención elaborado en enero de 2016. Y es que en la visita del papa se disparó con pólvora de rey. Entre otros gastos, se destinaron un total de 3,1 millones a los 7.000 urinarios móviles que se instalaron para el millón de peregrinos que iban a inundar la ciudad y otros 1,5 millones más se gastaron en construir el altar-escenario de 5.400 m2 coronado por una torre. También se pagaron 1,7 millones de euros en el alojamiento de los 3.000 miembros de la curia eclesiástica que concelebraron la eucaristía conclusiva del V Encuentro Mundial de las Familias, según datos desvelados por la Intervención. Este informe, que sirvió de base para la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, también detectó numerosas irregularidades en otros contratos para la visita papal.
