El PP de las Cortes Valencianas evitó ayer pedir la dimisión de Francisco Camps como miembro del Consell Jurídic Consultiu (CJC) después de que el expresidente de la Generalitat haya acumulado su cuarta imputación. Sin embargo, Camps cobra un sueldo público de 45.000 euros brutos por asesorar al Consell desde el Jurídic por lo que el resto de formaciones volvieron a pedir su salida. Pero el PP no va a presionar al expresidente pese a que las Cortes ya aprobaron una resolución para exigir que abandone. Los populares incluso se preguntaron ayer si es legal pedir la dimisión de una persona.

Camps siempre se ha mostrado reticente a abandonar el cargo porque considera que no puede dimitir de una condición, la de expresidente, porque es inherente a su persona. Sin embargo Compromís, PSPV, Podemos y Ciudadanos volvieron ayer a reclamar su salida tras preguntarse si ésta es la regeneración que pregona el PP. Bonig dijo que la decisión sobre si dimitir o no es personal de Camps y pidió coherencia al PSPV al mantener a Jorge Rodríguez como candidato a la alcaldía.

Mientras, desde el PSPV, el síndic, Manolo Mata, planteó que estudiará un mecanismo para la revocación pese a que siempre se ha mostrado reacio a legislar por cuestiones personales, pero planteó que la situación de Camps es inédita. «Habrá que pensar en considerar esa posibilidad en la reforma del estatuto de expresidentes, en debate actualmente en Les Corts, si bien ya no podría aplicarse a Camps», señaló Mata que fue mucho más explícito en una nota remitida con posterioridad. A esto añadió que si el PP, partido al que pertenece el expresidente, «sale del terreno de la política y se basa en una cuestión legal para decir que no se puede pedir el cese de Camps, la ley debería repensarse».

La presidenta del PP autonómico y candidata al Consell, Isabel Bonig, remarcó que son «tremendamente respetuosos» con las decisiones judiciales y en ese caso concreto «está juzgado y hay una sentencia en virtud de la que hay personas cumpliendo las penas y en la instrucción y el juicio se solicitó la imputación de Camps y no se determinó». En todo caso, rehsó valorar esta última decisión judicial y resaltó que el expresidente «ya no forma parte del partido ni de la administración valenciana» y que ocupa el cargo en el CJC en virtud de la ley actual, que establece los supuestos para el cese.