El Consell aprobará en enero un decreto ley para aplicar a los empleados públicos valencianos la subida salarial del 2,25% de los funcionarios del Estado con efectos desde el 1 de enero de 2019, que supondrá alrededor de 180 millones de euros que ya están dispuestos en las cuentas de la Generalitat para el próximo año. El anuncio lo realizó el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante una entrevista en la televisión autonómica À Punt. Este decreto ley se aprobará una vez que el Gobierno central apruebe el incremento del 2,25 % para los funcionarios del Estado, según informaron fuentes de la Conselleria de Hacienda. La subida salarial afectará a los funcionarios, empleados de las universidades y centros docentes concertados de la administración valenciana.

Además, el 0,25 % de incremento adicional que elevaría el crecimiento salarial para los trabajadores públicos de la Comunidad queda pendiente en función del crecimiento de la economía valenciana al menos en un 2,5% durante 2018. Algo similar ha ocurrido este año, ya que en julio se aprobó la subida del 1,50 % y una adicional del 0,25 % vinculada al crecimiento de la economía. Los Presupuestos de la Generalitat para 2019 tienen prevista esta eventualidad e incluyen una dotación de unos 180 millones con el fin de que, si se concreta la subida estatal, poder aplicarla a los empleados públicos valencianos.

Precisamente, ayer arrancó en las Cortes el último trámite para aprobar los presupuestos de la Generalitat de 2019 con el visto bueno a la Ley de Acompañamiento con los votos de los socios del Botànic y en contra de los grupos de la derecha que forman el PP y Cs. La norma amplia los beneficiarios de la indemnización en casos de violencia machista, introduce cambios en la ley de Participación institucional y en la de Puertos entre otras modificaciones. El PP ha calificado de "sectaria, oscura y perversa" esta ley, y junto con Ciudadanos ha reclamado una rebaja de impuestos, y ha criticado las modificaciones por «la puerta de atrás». Desde Podemos, por su parte, han lamentado que se no hayan asumido «cuestiones fundamentales» como la tasa turística y a las bebidas azucaradas, y la reducción de ratios en escuelas de infantil, y han vuelto a exigir la aplicación por parte del Consell del impuesto a la incineración de residuos.