La inestabilidad política en España con un Gobierno sin apenas capacidad de maniobra parlamentaria unida a la falta de influencia de la Comunidad Valenciana en el debate territorial dejan daños colaterales de gran magnitud con Alicante, precisamente, como una de las principales perjudicadas. Una de las grandes víctimas. Entre unos presupuestos del Estado, a día de hoy, bloqueados y sin un horizonte temporal para su aprobación a pesar de la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar sus cuentas al Congreso en el mes de enero; y las dudas sobre la efectividad legal de la reforma del Estatuto que se aprobará la próxima semana para exigir un nivel de inversiones en la Comunidad equivalente al peso de su población, Alicante corre el riesgo de «cronificar» una situación dramática. Es la última de la fila. La peor de las tres provincias de la autonomía más perjudicada en el reparto de la financiación y de las grandes inversiones del Estado, como se puede apreciar en los cuadros que acompañan esta información. Un escenario al que será casi imposible darle la vuelta a corto o medio plazo y que tendrá un impacto directo, desde luego, en los indicadores de actividad económica.
La evolución de los datos de inversiones de la última década evidencian el lastre que afecta a la provincia de Alicante con una gráfica casi siempre descendente. Son demoledores. Entre los años 2008 y 2010, los últimos de gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, los niveles inversores fueron, más o menos, acordes al nivel de población. A partir de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en 2011, sin embargo, entre la crisis económica y un cambio en las prioridades del gobierno, los compromisos de la inversión del Estado en la provincia se fueron desplomando. De los 589 millones presupuestados en las cuentas del año 2008 pasamos a poco más de 180 millones en 2017 y 2018, los dos peores indicadores de inversión del Estado para Alicante en toda la historia. Traducido: la provincia ahora recibe vía presupuestos de Madrid apenas un tercio de las inversiones de hace una década y está cada vez más lejos de la media. Ni tan siquiera se acerca a los números con los que se nutrían los presupuestos anteriores a la crisis económica. No se mejora. Pero es que ni tan sólo se ha igualado las previsiones de aquellos años.
Con todo, incluso, todavía son más reveladores del grado de maltrato que padece Alicante los datos de la inversión provincial por habitante correspondientes al ejercicio de 2018. El último presupuesto que elaboró el PP con Mariano Rajoy y que a día de hoy continúa vigente a pesar de la moción de censura que aupó al socialista Pedro Sánchez, incapaz por ahora de sacar adelante unas nuevas cuentas que plasmen su voluntad política. Alicante suma 100 euros de inversión per cápita -incluyendo el gasto de la Seguridad Social- y sólo supera en ese indicador, por este orden, a Almería, Navarra y Málaga. Es la cuarta por la cola cuando, por contra, es la quinta en población censada. Incluso, esa clasificación podría ser todavía más baja si se tiene en cuenta que la comunidad foral cuenta con un sistema propio que incluye una financiación muy ventajosa para alimentar sus arcas. Y eso le permite gestionar un volumen de fondos muy grande, como ocurre igualmente en el caso del País Vasco, que con toda seguridad elevaría sus números notablemente.
No sólo es que Alicante se queda a 117 euros de la media de España sino que es la provincia de la Comunidad Valenciana que sale peor parada en esas últimas cuentas aprobadas, algo que se repite en casi todos los casos. Está a nada menos que 50 euros de la media autonómica, tal y como se puede apreciar en el gráfico de barras. Y todavía peor: la provincia llega a recibir, de acuerdo a los presupuestos para el año 2018, nada menos que 16 veces menos fondos para infraestructuras que Zamora, el territorio que encabeza la clasificación de inversiones por habitante. Un expolio que, en cualquier caso, se viene repitiendo de forma sistemática. Los números, de hecho, son calcados a los de 2017, que fueron los peores presupuestos de la historia para la provincia y están lejos de los niveles no sólo de hace una década sino, incluso, de los de hace cuatro años. Alicante pierde la partida con todas las provincias de un tamaño parecido -Sevilla, Vizcaya...- con la excepción de Málaga, que puntualmente está todavía más a la cola. Un problema que se ha ido alargando en el tiempo.
Toda esa acumulación de años con niveles de inversión muy por debajo de la población y, por tanto, con un maltrato estructural en el reparto de los fondos del Estado ha derivado, a su vez, en una carencia de inversiones para infraestructuras difícil de revertir. Sólo durante los presupuestos elaborados por los gobiernos de Rajoy en los últimos siete años, ese déficit inversor del Estado es de 1.081 millones en la provincia de Alicante y de 2.667 en la Comunidad. Una sangría que, conforme a los datos de la Generalitat, habría supuesto la destrucción de 31.000 empleos, unos 12.000 en las comarcas alicantinas. Sólo en las cuentas de 2018 aún vigentes, la provincia tendría que haber recibido 271 millones más para estar en la media inversora del Estado, dos tercios de los 334 que le corresponderían al conjunto del territorio autonómico. La Comunidad Valenciana, por tanto, esta a la cola y Alicante aún peor. Para recuperar posiciones la provincia no sólo tendría que recibir un porcentaje de inversiones similar a su población -450 millones anuales- durante los próximos años sino, además, ingresar un porcentaje extra para empezar a compensar esos desajustes de la inversión registrados en la última década.
Traducción sistemática
Todo ese déficit de la inyección del Estado para infraestructuras se ha venido traduciendo, casi de forma sistemática, en que la Comunidad ha percibido porcentajes de inversión hasta cuatro puntos por debajo de su volumen de población. Un nivel que, además, se ha reducido todavía más al chocar con indicadores de ejecución bajos que ni tan siquiera han llegado en algunos ejercicios al 50% de las promesas presupuestarias. Con una financiación adecuada -cabe recordar que la Generalitat desde que llegaron los socialistas y Compromís al Palau viene reclamando 1.325 millones anuales- y con un volumen de inversión conforme a la población de la Comunidad pero ajustado en cada una de las provincias, el Producto Interior Bruto (PIB) que marca la riqueza de un territorio crecería, calcula el Consell, en un punto con el consiguiente impacto en la creación de empleo. Así que, a día de hoy, con los datos de la última década y con la perspectiva de futuro marcada por la inestabilidad política, existe un riesgo real de «cronificación» de la marginación provincial y también de toda la Comunidad Valenciana.
¿Nos encaminamos, por tanto, hacia una «consolidación» de ese expolio? ¿Hay solución? No parece, efectivamente, que este escenario tenga arreglo en breve. Ni siquiera a medio plazo. Por tres motivos. Primero: la inestabilidad política en España. Mientras no se aprueben nuevos presupuestos, el Gobierno trabaja con las cuentas de 2018, las últimas elaboradas por Rajoy y que, junto a las de 2017, son las dos peores de toda la historia en cuanto a volumen de inversiones para Alicante. Así que esa falta de apoyos del Ejecutivo de Pedro Sánchez perpetúa la aplicación de unas previsiones que consagraban la marginación de la provincia en el reparto de los fondos del Estado en sus niveles más bajos. Si los socialistas, arrastrados por la crisis catalana, son incapaces de sacar adelante unos presupuestos, tendrían que convocar elecciones y todavía se alargaría más la prórroga de unas cuentas dañinas para Alicante.
Segundo: el próximo jueves, casi con toda seguridad, el pleno del Congreso aprobará una reforma puntual del Estatuto de Autonomía para, en teoría, poder reclamar un mayor nivel de inversiones para la Comunidad. Sólo Ciudadanos se opone. La redacción inicial, sin embargo, ha quedado diluida para hablar de una participación de la Generalitat en las decisiones del Estado a través de una comisión para intentar equiparar inversiones con población. Poca concreción que no obliga al Gobierno y que evidencia, una vez más, la escasa influencia de la Comunidad en el debate territorial. Hablamos de una modificación del Estatuto que llevaba siete años bloqueada y que corre el riesgo de quedarse en papel mojado no sólo por las dudas jurídicas que genera sino porque tampoco podría aplicarse sin la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Y tercero: con toda esa inestabilidad que impide aplicar las herramientas de la política, encima, los expertos apuntan a una nueva crisis económica que daría al traste con cualquier posibilidad de darle la vuelta a la situación que sufre Alicante. Demasiadas incógnitas sobre la mesa para salir de la cola.
