La Diputación, al menos de momento, seguirá manteniendo su posición como una de las patas de la administración local del Estado. El PP y el PSOE se aliaron ayer en el Congreso para «salvar» a las instituciones provinciales y ratificar su continuidad. Populares y socialistas rechazaron en la comisión de Política Territorial y Función Pública del Congreso de los Diputados una proposición no de ley defendida por el portavoz parlamentario de Compromís en Madrid, Joan Baldoví, para abrir la puerta al cierre de las corporaciones provinciales, que el diputado de la coalición de izquierdas y valencianista colocó como parte de un entramado que «propicia» la corrupción y con un sistema de reparto de fondos, como la Generalitat critica con dureza de la gestión de la Diputación de Alicante, alejado de criterios objetivos.

La propuesta de Compromís esquivaba el blindaje que tienen las instituciones provinciales a través de la Constitución y ponía encima de la mesa una reforma de la Ley de Régimen Local para que cada autonomía pudiera decidir su organización territorial. Una solución muy parecida a la que ya planteaba la iniciativa de reforma constitucional que impulsó hace unos meses el Consell. Baldoví, incluso, aceptó en el último momento una enmienda de Ciudadanos para que se visualizaran de forma nítida los bloques en el debate sobre este asunto. Populares y socialistas indultaron a las diputaciones en el Congreso mientras que junto a Compromís se alinearon los parlamentarios de Ciudadanos y Podemos además de los grupos catalanes, que apuestan desde hace tiempo por una organización con eje en las comarcas.

En su discurso ante la comisión, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, defendió que las diputaciones son parte un modelo obsoleto de hace dos siglos, construidas y elegidas con criterios «poco claros», que propician la corrupción y con un sistema que no tiene en cuenta las relaciones entre los pueblos y los ciudadanos. Para Baldoví, el PP y el PSOE han rechazado, con una alianza que criticó, potenciar las comarcas y ayudar a las mancocomunidades .«Se han puesto del lado de un modelo oscuro que ha propiciado las redes clientelares y corruptas que todos conocemos», zanjó. Como se recordará, tres de los principales presidentes de la Diputación de la etapa del PP -Carlos Fabra en Castellón, Alfonso Rus en Valencia y Joaquín Ripoll en Alicante- han terminado o en prisión, como el primero, o imputados por graves delitos de corrupción como los otros dos.

Este debate en Madrid coincide, por contra, con la decisión del Consell de ralentizar, de alguna manera, el debate de la nueva legislación autonómica para delimitar las competencias de las dos administraciones que, en el fondo, suponía vaciar la Diputación, un plan que impulsa el grupo de Podemos y que tenía como principal objetivo contener a la corporación provincial alicantina. La institución que preside César Sánchez, el principal bastión que le quedó al PP después de las elecciones locales y autonómicas de 2015, se ha convertido en el gran foco de oposición al Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra con un comité de defensa provicial e, incluso, con una guerra judicial en competencias que no le corresponden como Educación.