El Consell ha blindado por primera vez en la historia de la institución que la sede del Síndic de Greuges se quede en Alicante. El proyecto de ley que se tramita en las Cortes Valencianas a propuesta de la Conselleria de Transparencia que dirige el alicantino Manuel Alcaraz para la reforma de la Sindicatura establece en uno de los artículos que la sede tiene que estar en la capital alicantina. Entre otras cosas, la normativa en la que trabaja la Generalitat también crea un síndico adjunto más -pasarán de dos a tres- y obliga a que exista paridad entre sus dirigentes, además de establecer por vez primera procesos para la selección de sus trabajadores.
El pasado 5 de julio, el pleno del Consell aprobó el proyecto de ley por el que se regula la Sindicatura de Greuges de la Comunidad Valenciana, presidida por José Cholbi, con el objetivo de modernizar y reforzar la institución para que ésta sea más acorde a las demandas de la sociedad, según explicaron fuentes de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación. El plazo de presentación de enmiendas para este proyecto de ley ya ha terminado y no ha habido ninguna a la totalidad, sino enmiendas parciales que las citadas fuentes tildaron de «muy constructivas» y con las que el Consell aspira a llegar a un «máximo consenso para su aprobación».
Entre los principales puntos que recoge la normativa está el blindaje de la sede en Alicante, ya que por vez primera se regula que su ubicación sea la capital alicantina. En materia de personal, el proyecto crea un síndico adjunto más y obliga a la paridad entre sus cuatro dirigentes: el Síndic y sus tres adjuntos. Además, tendrá que haber convocatorias de procesos selectivos y de provisión de puestos tanto para los de carácter definitivo como temporal.
Plantilla
Los nombramientos de personal discrecional por parte del Síndic o Síndica se harán libremente en puestos no reservados legalmente a funcionarios y que figuren en la relación de puestos de trabajo (RPT). Estas personas deberán estar en posesión del título universitario. Se trata de novedades en el capítulo de personal que vendrán a modificar la situación actual de la institución, que cuenta con una plantilla de 35 personas en la que todos los puestos están clasificados y desempeñados por personal eventual. Se establece, a su vez, la especialización de los síndicos adjuntos en materia de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, y de defensa de las personas con diversidad funcional.
El trasfondo de la reforma de la ley de la Sindicatura de Greuges en materia de personal es acabar con los numerosos puestos a dedo repartidos como cromos entre populares y socialistas, cuyo acuerdo es tenido en cuenta por el Síndic a la hora de la selección a dedo de la plantilla.
El texto también pretende reformar así las obligaciones de transparencia. Los síndicos deberán firmar un código ético y de buen gobierno, además de presentar la declaración de bienes y actividades. A ello se añade que la futura ley será más dura con las incompatibilidades para ser síndic. Por ejemplo, se establece la prohibición de haber sido alto cargo o diputado dirigente de un partido político en los dos años anteriores.
En materia social, el Consell quiere reforzar la atención a las situaciones de riesgo de exclusión y especial vulnerabilidad. Asimismo, se hace énfasis en que la Sindicatura de Greuges «tendrá un diálogo permanente con la sociedad civil, colectivos o asociaciones, entre otros», según indica el documento.
El proyecto de ley pretende reforzar también las atribuciones de la Sindicatura dotándola de mayor autonomía y posibilita que los informes que lleve a cabo se debatan en el pleno de las Cortes en lugar de en comisión, como se hacía hasta ahora. El reglamento de la institución lo elaborará la propia Sindicatura de Greuges y dejará de ser necesario pasar por una comisión parlamentaria.
Otra de las grandes novedades en relación a las quejas que formula la ciudadanía es la admisión, por primera vez, de las quejas verbales hechas en la sede de la institución, además de regular de manera más sencilla el procedimiento de tramitación.
