La comisión de Economía de las Cortes Valencianas dio ayer carpetazo a la tasa turística que Podemos, socio parlamentario del Consell, quiere implantar en la Comunidad Valenciana. El PSPV votó en contra de la medida bajo el argumento de que no genera el consenso del sector mientras que Compromís se abstuvo al ser «técnicamente la misma medida que el año pasado». Los morados insisten en mantener viva la enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Consell para 2019 y la volverán a llevar al pleno. Por un lado, según indicó el líder de la formación morada en la Comunidad, Antonio Estañ, para «dar margen» a los grupos a «reflexionar» sobre la propuesta y, por otro, para aprovechar toda la tramitación oficial antes de que quede en saco roto hasta su próximo debate. Tratan de visibilizarse de cara las elecciones frente a los socios del Botànic.

Podemos presentó una enmienda a las cuentas para incluir la tasa. Necesariamente ese gravamen es para la toda la autonomía al tratarse de una competencia de la Generalitat. Sin embargo, los morados pensaron en una redacción de la enmienda que permitía, dentro de la ley autonómica para su creación, permitir una tasa municipal en los ayuntamientos que así lo consideraran y bonificar al cien por cien el gravamen autonómico durante dos años para que solo se aplicara la segunda. Para Compromís, técnicamente es el misma planteamiento del año pasado. La coalición argumentó para justificar su abstención que finalmente se crean dos tasas que, después de dos años, encarecerían el impuesto al turismo al aplicarse eventualmente las dos a la vez: la autonómica y la municipal.

El PP y Cs nunca vieron con buenos ojos la tasa, así que finalmente la comisión rechazó con los votos en contra de PP, Cs y PSPV y la abstención de Compromís la aplicación del gravamen en la Comunidad, una de las medidas estrella de Podemos. La citada medida, que ha generado debates intensos en la provincia de Alicante, volverá a llevarse al pleno de las Cortes Valencianas, tema incómodo para los socios de gobierno en plena precampaña electoral.Por otro lado, los grupos aprobaron a propuesta del PSPV y Compromís una moratoria de dos años al límite legal de los presupuestos para los trabajadores de À Punt. El límite legal fija que el capítulo de personal de la radiotelevisión no puede superar un tercio del presupuesto del ente.