Tras seis meses en prisión con numerosos intentos fallidos de obtener la libertad, el encarcelamiento del expresident de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, sigue generando controversia. Enfermo de leucemia, el último de los cuatro informes presentados por Zaplana concluía que el estado de salud del también exministro no corría peligro en la prisión de Picassent, donde permanece ingresado en modo preventivo desde el pasado día 24 de mayo por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.
Incapaces hasta el momento de convencer a los forenses o a la jueza, la familia y la defensa de Zaplana acumula cuatro recursos rechazados en los que reclamaban su puesta en libertad o el arresto domiciliario como alternativa a su encarcelamiento. Un tuit del jefe de Sección de Hematología Clínica y de la Unidad de Trasplante Hematopoyético de La Fe, Guillermo Sanz, reabre el debate sobre el internamiento de Zaplana al hablar de "inhumanidad". "Los medicos no entendemos de Derecho y los jueces/as no entienden de Medicina y menos de leucemia (sic)" son las palabras que Sanz ha compartido en su cuenta de Twitter.
El hematólogo de Zaplana ya aseguró en el tercer informe médico "la probabilidad de presentar una infección grave con riesgo vital en los próximos tres meses es cercana al 100 %". "Un retraso de horas en su diagnóstico y tratamiento adecuado comprometería seriamente su vida", especificó en su momento Sanz, médico encargado de realizar el trasplante de médula al expresident, al tiempo que aseguraba que el tratamiento no se efectuaba "de forma inmediata debido a las carencias de personal facultativo" existentes en el centro penitenciario.
En septiembre, su familia aseguró que Zaplana había perdido ya ocho kilos en catorce semanas y estaba "muy mal" tanto física como anímicamente e insistió en que presentaría todos los recursos necesarios para que sea excarcelado.
Zaplana ingresó en Picassent después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València decretara prisión incondicional y sin fianza contra él por riesgo de fuga y destrucción de pruebas.
Dos días antes había sido detenido en su casa de València, en el marco de una causa que investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las ITV, realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
El mismo día de su detención, Zaplana, de 62 años, fue suspendido de militancia en el PP mientras Telefónica, para la que trabajaba desde 2008 en su área de Asuntos Públicos, suspendió también su relación laboral con él.
Además de Zaplana, cumplen también seis meses en prisión provisional el abogado y asesor fiscal Francisco Grau y el exdirectivo del parque temático Terra Mítica Joaquín Barceló.
En la causa figuran como investigados el ex director general de la Policía y expresidente de Les Corts Juan Cotino; la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, y la secretaria personal del expresident, Mitsuko Henríquez.
El caso de quien fuera portavoz del PP en el Congreso ha generado reacciones de solidaridad desde distintos ámbitos políticos, desde el expresidente del Gobierno José María Aznar hasta la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (de Compromís), y el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, Manolo Mata.
