24 de noviembre de 2018
24.11.2018

César Sánchez impide celebrar en la Diputación el 35 aniversario de la ley de uso del valenciano

Entidades sociales, partidos, sindicatos y la Universidad de Alicante solicitaron sin éxito las instalaciones del Palacio Provincial para conmemorar la Llei d'Alacant

24.11.2018 | 00:01

Era el 23 de noviembre de 1983. El pleno de las Cortes se trasladó por primera y única vez al Palacio Provincial de Alicante para una cita histórica: aprobar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. La normativa autonómica que después de 40 años de dictadura de Franco consagraba la normalización de la lengua -oficial en la Comunidad junto al castellano- en el ámbito educativo, en la administración autonómica y, en general, como garantía de su utilización en libertad por cualquier ciudadano. La Diputación de Alicante -por el simbolismo de aprobar el articulado en la provincia de mayor contraste lingüístico- se convirtió en el epicentro del debate. Una ubicación que no pasó desapercibida en la propia nomenclatura de esta norma, que pasó a ser conocida como la «Llei d'Alacant», precisamente porque nació en esta ciudad con un amplísimo consenso político.

Sin embargo, la institución provincial, gobernada a día de hoy por el PP César Sánchez, impidió ayer celebrar en el edificio que acogió aquella histórica cita la efeméride en un acto que había solicitado realizar la plataforma «Alacant pel Valencià», presentada ayer en sociedad con la lectura de un manifiesto y a la que se han sumado entidades cívicas, sindicatos, partidos políticos de izquierda y la Universidad de Alicante. La entidad había pedido por registro el pasado 31 de octubre, con motivo de la conmemoración, realizar este acto público en las instalaciones del Palacio Provincial. Un hecho con el que César Sánchez bien se hubiera podido marcar un tanto, presidir la convocatoria y rebajar la tensión con el valenciano con la cesión de un espacio para conmemorar una ley que se aprobó por gran mayoría en la «casa» institucional que preside.

Ismael Vicedo, portavoz de Escola Valenciana en Alicante, presentó en nombre de todas las entidades que se han sumado a la plataforma una solicitud para poder usar los jardines o cualquier otra instalación del Palacio Provincial para celebrar el acto, que finalmente se llevó a cabo en la sede de la Universidad de Alicante (UA) de Ramón y Cajal de Alicante. Escola Valenciana junto la Universidad de Alicante así como otros 21 colectivos, constituyeron ayer la plataforma y leyeron un manifiesto en la sede universitaria, un escenario que para las entidades que participan de la plataforma fue un segundo recurso. El primero era la Diputación, la institución que vio nacer la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià hace 35 años.

Fuentes de Presidencia de la Diputación dijeron no tener constancia de esta solicitud aunque indicaron que «por norma general» los funcionarios no ceden los jardines de la Diputación, las salas o cualquier otra instalación si la petición no se hace a través de alguna entidad ligada a la institución provincial. A la plataforma, que ayer evitó hacer guerra, se han unido un total de 23 entidades. Entre ellas, además de Escola Valenciana y la Universidad de Alicante, figuran seis partidos de izquierdas -tres de ellos representado en el hemiciclo provincial- y los principales sindicatos. Tanto Ismael Vicedo como la directora de Filologia Catalana de la UA, Mari Àngels Francés, confirmaron la solicitud por registro de entrada para poder realizar el acto en la Diputación, que fue donde se aprobó la «Llei d'Alacant».

Ambos destacaron el «carácter simbólico» del Palacio Provincial, aunque señalaron que no habido problemas tras el veto en la Diputación ya que se contaba con las instalaciones universitarias. Explicaron que ni siquiera se ha producido un escrito de respuesta a la solicitud de octubre y que por ello tuvieron que pensar en otro emplazamiento. La Llei d'Ús del Valencià de 1983 se desarrolló, especialmente, bajo los gobiernos de Joan Lerma y ahora con el Consell del Botànic con los decretos para garantizar el uso del valenciano en la administración pública, que el PP tiene recurridos en los tribunales.

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