La sesión de control celebrada ayer en las Cortes puso sobre la mesa la postura del PSPV ante la nueva propuesta de tasa turística de Podemos. Los socios parlamentarios del ejecutivo autonómico volvieron a insistir en la implementación de una tasa turística en la Comunidad Valenciana como medida para mejorar el sector y su calidad y que podría repercutir en 50 millones de euros para la autonomía. El gravamen, una insignia de los morados que no logra cuajar por la falta de consenso en el sector, fue ayer rechazado por el jefe del Consell pese a los intentos de Podemos por ganarse el favor de los socios en el gobierno modificando la tasa para que tenga un carácter mayoritariamente municipal, tal y como propuso Puig en el último debate sobre su aplicación.
Para el líder de Podemos en la Comunidad, no hay argumentos para no hacerlo, a lo que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, replicó ante los grupos parlamentarios que el turismo ya «aporta y paga muchos impuestos dependiendo de lo que gasten», y añadió que este gravamen no es , en cualquier caso, «el gran salvador».
La respuesta de Puig, apoyada por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, marca el posicionamiento del gobierno valenciano ante la enmienda por adición que Podemos presentó a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Consell para 2019. Pese al intento de los morados de ganarse al Consell con una tasa que, aunque autonómica, terminaba incidiendo en la voluntad de los municipios para su aplicación, el PSPV ha dejado claro que no se aprobará este mandato.
Todo ello ante la «incomprensión» de Podemos. Su Síndic Antonio Estañ aseguró ayer no entender la razón por la que el Consell evita impulsarla para sus políticas económicas clave y para un cambio de modelo. Estañ alertó de que en materia de turismo los ayuntamientos están «desbordados por la cuestión de los apartamentos». Indicó que existe «una alarmante falta de recursos y hay un proceso de masificación, así que tenemos un sector clave que modernizar y mejorar para que los trabajadores cobren sueldos dignos», subrayó.
Por otro lado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, redobló los ataques a la gestión del PP para justificar cómo afecta al presupuesto autonómico . Las cuentas de la Generalitat para el año que viene -y las anteriores- están «lastradas por la gestión que hizo el PP», dijo el jefe del Consell. Cifró en 135 millones el dinero que ha costado, en concreto, la mala gestión de la portavoz del PP, Isabel Bonig, como consellera.
Puig lamentó que lo que siempre tiene que ejecutar el actual Consell son «las deudas» que dejó el PP, pese a lo cual este año esperan ejecutar alrededor del 95,2% del Presupuesto de la Generalitat.
La portavoz del PP, Isabel Bonig, le preguntó por la ejecución presupuestaria y criticó algunas decisiones que no sabe si son éticas o estéticas, como que Balearia fiche al exasesor del presidente José Manuel Orengo, y que semanas después «pretendan adjudicarle la gestión del puerto de Denia». Puig le contestó que parte de la ejecución presupuestaria que debe abordar el Gobierno valenciano son los 135 millones que las condenas por la gestión de Bonig al frente de la Conselleria de Obras Públicas han costado a los valencianos.
En este sentido, Puig destacó algunos ejemplos que afectan a la provincia de Alicante como los 9,4 millones que han tenido que pagar por la concesión de la CV-95; los 14,6 millones por la avenida de Denia, en Alicante; los 5,5 millones abonados a automóviles La Alcoyana, y los casi 2 millones por la indemnización a la empresa concesionaria del puerto de Benicarló.
