La Diputación de Alicante mantiene el pulso con el Consell y ha endurecido todavía más su discurso del ataque a las provincias pese a la desaceleración de la ley impulsada por Podemos para vaciar de contenido a las corporaciones provinciales. Desde la institución alicantina que dirige César Sánchez no hay, de momento, ningún planteamiento de negociación o intención de conversar con el gobierno valenciano aprovechando que el Consell ha echado el freno a la normativa de los morados con la que pretenden redefinir las competencias de las diputaciones provinciales y una mayor coordinación entre ambas instituciones.
La ley ha conseguido el visto bueno del ejecutivo autonómico para empezar a tramitarse en las Cortes Valencianas. Pero con alguna alerta: tiene que salir adelante por consenso y hay que repensar que parte de su contenido fundamental se integre en la ley de entidades municipales de la Comunidad Valenciana, además de avisar de que no desarrolla suficientemente el ámbito material y los medios para esa coordinación.
La comisión provincial creada por el presidente de la Diputación para hacer frente a las políticas del Consell tiene entre sus faenas estudiar desde el punto de vista jurídico la ley de las diputaciones de Podemos por si hay que llevarla ante los tribunales, algo que en la Diputación se ha convertido en un «modus operandi» con las leyes y decretos del Consell. Como todavía está en mantillas, no forma parte de la agenda de esta comisión. Al menos de momento. Este órgano sigue centrado en el estudio de las fórmulas para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Mancomunidades, una normativa ya aprobada por el gobierno valenciano que escuece a la Diputación Provincial, especialmente en el control de sus fondos para los pueblos, ya que las mancomunidades tendrían prioridad en el reparto de las ayudas.
El presidente de la Diputación de Alicante lamentó ayer que el presidente de la Generalitat esté «preso del populismo» en el Consell y criticó que «el populismo haya decidido atacar a la provincia y a la forma que tenemos de organizarnos los españoles, en comunidades autónomas y provincias».
Acusó al gobierno valenciano de querer desmontar el Estado que surgió de la transición española de 1978, «la España Constitucional». Añadió que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «rehén del independentismo y de los separatistas, Ximo Puig es un presidente rehén del populismo y del nacionalismo en la Comunidad Valenciana». Fue más allá y afirmó que Puig y Oltra quieren «un nuevo proceso constituyente en España» y atacó con el argumentario de que no aceptan la España democrática del 78 ni la Constitución Española. «No aceptan los 40 años de más prosperidad, paz y bienestar de nuestra historia». «No creen en esta España», afirmó César Sánchez.
