La dirección general de la Función Pública, dependiente de la conselleria de Justicia, ha elaborado un protocolo de actuación de cara a las futuras oposiciones de la Generalitat que contiene reglas estrictas, tanto para aspirantes como para miembros del tribunal, con el fin de evitar posibles filtraciones o trampas. Las medidas van dirigidas a reforzar el control durante la fase del examen y posterior corrección, de tal manera que los opositores deberán seguir las normas si no quieren ser expulsados. De hecho, serán acompañados a sus asientos y tendrán poco margen para levantarse antes de acabar la prueba. La corrección de los exámenes se hará de forma anónima para que la persona que califica no sepa a quien pertenece el examen y cualquier percance quedará reflejado en una hoja de incidencias.
El protocolo de actuación relativo al desarrollo de los procesos de selección de personal funcionario de la Administración de la Generalitat, cuyo borrador ya ha sido redactado, es el primero de estas características que se realiza. El reto es garantizar la máxima seguridad e incrementar la transparencia para permitir, dice la norma, «trasladar una imagen de transparencia, honestidad y eficacia». El documento llega cuando están a punto de convocarse varias ofertas de empleo público tras un periodo de sequía de oposiciones. En el departamento que dirige Gabriela Bravo existe desde hace tiempo preocupación por que las oposiciones se realicen sin ningún tipo de sombras de sospecha. El último de los escándalos -una ex alto cargo popular está investigada por supuestamente ayudar a copiar a una amiga- ha extremado las medidas.
El protocolo establece de forma detallada las funciones del órgano técnico de selección (tribunales) y el personal de Función Pública que colabora en los procesos. En pro de una mejor organización y transparencia, Función Pública deberá informar con antelación (48 horas) de la distribución de los aspirantes en las aulas. El día de la prueba la fiscalización se redobla. Hasta dos veces el personal habilitado comprobará la identidad de la persona aspirante: la primera vez, cuando sea llamada para la prueba; y, una segunda vez, al entrar al aula. La persona opositora será acompañada hasta el asiento. El protocolo recoge varias comprobaciones sobre la lista de admitidos y presentados. Se establece la obligación de apagar los móviles y dispositivos electrónicos y que los objetos personales no permitidos para la prueba sean depositados en lugares habilitados.
Amenaza de anulación
El momento de empezar y acabar la prueba será comunicado y debe cumplirse escrupulosamente bajo amenaza de anulación. El opositor si quiere renunciar a hacer la prueba, tendrá quince minutos para decirlo. En caso contrario, deberá permanecer en la sala hasta que el examen finalice.
Los exámenes serán recogidos por el personal colaborador. Otra de las novedades es el «proceso de anonimización» para»para evitar trato de favor en la corrección. El protocolo prevé que dos voluntarios (opositores) actúen de testigos y comprueben cómo se separan las hojas de respuesta de las solapas identificativas, ambas introducidas en sobres distintos. El grado de detalle es tal que los aspirantes deben delante de un observador anular los espacios en blanco de su examen marcando una línea continua vertical. El mismo observará como sus hojas son introducidas en el sobre.
