Las dos cabezas políticas de la comisión técnica de la Diputación para la defensa de la provincia -como así ha llamado César Sánchez al equipo encargado de estudiar posibles recursos contra las normativas autonómicas que no gustan en la institución provincial- consideraron ayer que la ralentización del gobierno valenciano a ley de las diputaciones de Podemos es una rectificación porque la normativa etá «mal planteada». Los vicepresiodentes Carlos Castillo y Adrián Ballester tildaron la ley de los morados de «aberración jurídica».