21 de noviembre de 2018
21.11.2018

El Consell ralentiza la nueva ley para vaciar la Diputación aunque facilita que se tramite

El Gobierno valenciano emite criterio favorable a la norma de Podemos pero reclama una reflexión, revisar el articulado y máximo consenso, además de sugerir que se posponga a la futura legislación local. El PSPV y Compromís intentan rebajar la tensión con la corporación de Alicante en plena precampaña

21.11.2018 | 04:15
Mónica Oltra en la Diputación de Alicante junto a su presidente, César Sánchez.

El Consell ha echado en parte el freno de mano a la normativa de Podemos para vaciar las diputaciones provinciales, aunque ha dado su visto bueno a que la proposición de ley se tramite en las Cortes Valencianas. Así lo refleja el gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra en un dictamen mediante el cual se avala la cotinuidad del proceso legislativo, pero en el que también se evidencia una ralentización de las aspiraciones de Podemos, ya que los morados quieren que salga la ley a toda costa antes de que acabe la legislatura. El dictamen del Consell, que entró a la mesa de las Cortes el 13 de noviembre y que ayer se llevó a la junta de Sindics, acepta seguir adelante con la normativa de sus socios parlamentarios porque comparte «la conveniencia y oportunidad de revisar la regulación de las competencias y funciones de las diputaciones provinciales». No obstante, también expone que la propuesta de los morados «debería ser objeto de un esfuerzo de reflexión, de revisión y de consenso durante su debate parlamentario».

Añade el ejecutivo autonómico que sería «adecuado» valorar algunas de las cuestiones que se regulan en una norma específica que podría ser la Ley de régimen Local de la Comunidad. Ni Puig ni Oltra quieren que la batalla con las diputaciones, especialmente enconada con la de Alicante, les estalle en la cara en plena precampaña electoral. Hay que rebajar la tensión. El debate que provocará la tramitación de esta norma para regular y coordinar las competencias y relaciones con la Diputación de Alicante justo después de la aprobación de la ley de Mancomunidades -ante la que la institución provincial ya busca fórmulas para presentar un recurso de inconstitucionalidad-, así como los decretos que la Diputación alicantina ha recurrido con éxito en los tribunales, es un chicle que puede pegarse en la mandíbula del Consell del Botànic.

Daría pie a cargar, aún más, la maquinaria de argumentos de César Sánchez contra los «continuos ataques» a la institución que dirige y a emprender una nueva guerra judicial contra esta ley por afectar el fondo de la norma presentada por los morados a otras leyes locales o al Estatuto de Autonomía. En el PP ya hablan de que la ley podría acabar en el Constitucional. Y en los tribunales, las institución de César Sánchez ha ganado ya varias batallas bajo el argumentario de la defensa de la provincia y desde el Consell se quiere tener ojo con eso.

En la junta de Sindics de ayer la diputada y portavoz adjunta del PP en las Cortes, Eva Ortiz, exigió un informe «express» del Consell Juridic Consultiu para que se manifieste sobre la norma. Para la número dos del PP autonómico la tramitación de esta ley, presentada por un grupo político, está floja de «seguridad jurídica». Según el PP, la propuesta de los populares ha quedado «sobre la mesa» y la junta tendrá que pronunciarse sobre si finalmente traslada el texto al CJC. Desde Podemos destacan el contenido «político» del pronunciamiento del Consell al pedir consenso y a su vez insisten en que no es necesario un dictamen del Jurídic, una fórmula con la que el PP pretende dilatar los plazos de la normativa. Desde el partido de Antonio Estañ siguen defendiendo que es una ley fundamental para sacar este mandato.

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