Más visible, pero igual de estancado. El problema valenciano por excelencia, la falta de una financiación adecuada que permita cubrir los servicios básicos y empujar la economía productiva, sigue sin resolverse cuando se cumple el primer aniversario de una protesta histórica. Fue el 18 de noviembre de 2018 cuando una multitudinaria manifestación recorrió el centro de València para mostrar la unidad de la sociedad en torno a una financiación justa. Un clamor que unió a miles de personas (60.000, según la organización y 17.000 para la Delegación de Gobierno) en torno a un mismo lema y en compañía de prácticamente todo el espectro político, económico y social. Era un aviso a navegantes dirigido al Gobierno central, pero también a otros territorios. El tópico del Levante feliz debía ser desterrado. Había que poner en la agenda la necesidad de acabar con una injusticia histórica que crea importantes diferencias entre ciudadanos de España.
A excepción del PP valenciano, que no quiso tensar sus relaciones con el entonces inquilino de la Moncloa, Mariano Rajoy, y se borraron de la foto, el acto fue considerado un éxito. Sin embargo, la euforia de esos días se ha ido evaporando, ya que el objetivo último de la manifestación no sólo no se ha cumplido sino que sigue sin fecha de resolución. Un año después de la imagen que ilustra estas páginas, cabe pararse a reflexionar. INFORMACIÓN ha invitado a hacerlo a algunos de los que fueron protagonistas ese día. En términos generales, la mayoría (partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales) coinciden en que el acto valió la pena, porque sirvió para visibilizar el problema, aunque resulta evidente que sigue abierto. Sólo la presidenta del PP, Isabel Bonig, que no salió a la calle, sostiene que la protesta no sirvió de nada, más allá de «la foto de Puig y Oltra». Una reflexión que los aludidos rechazan. Entienden que la protesta convirtió la infrafinanciación en un asunto de «dominio público», en términos de la vicepresidenta o, como asegura Puig, para «demostrar que cuando la sociedad se marca un objetivo es capaz de ponerse de acuerdo».
En el aire, y sin que sea posible dar una respuesta certera, queda si los convocantes erraron al no llevar la protesta a Madrid, una posibilidad que llegó a barajarse por la comisión por una financiación justa. Ese día, los extremeños lograron colarse en los telediarios con su concentración en el centro de Madrid para exigir «un tren digno». El protagonismo mediático fue para ellos, pero tampoco Extremadura ha logrado la infraestructura. La reforma de financiación autonómica está en la agenda política de Pedro Sánchez, lo que no presupone voluntad suficiente para llevarla a cabo. La clave es la existencia de estabilidad política y consenso suficiente para poner encima de la mesa una propuesta que pueda salir adelante en el trámite parlamentario. Ni Mariano Rajoy, pero mucho menos Sánchez, han gozado de la estabilidad necesaria para abrir un melón que puede abocar al enfrentamiento.
En el año transcurrido han operado cambios de calado en España: una moción de censura que sacó a Rajoy de la Moncloa y que supuso la vuelta del PSOE al poder. Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, quizás en un alarde de sinceridad, respondía al diputado de Compromís, Joan Baldoví, que no estaba en condiciones de abordar el cambio del modelo. En estos momentos, Sánchez ni siquiera tiene apoyos para sacar adelante sus presupuestos. Y otra cosa más: el conflicto catalán sigue siendo parte del problema valenciano. Obstáculos casi insalvables para una solución.
