La Diputación de Alicante se prepara para iniciar una nueva batalla en los tribunales contra el Consell. Esta vez el centro de la diana del Palacio Provincial es la Ley de Mancomunidades, una normativa autonómica que permite a la unión de municipios solicitar ayudas a la institución que dirige César Sánchez y que éstas tengan prioridad ante la de los ayuntamientos. El equipo encargado de fraguar una nueva pugna judicial lo encabeza el presidente de la Diputación flanqueado por los dos vicepresidentes de perfil más duro frente a la Generalitat: Carlos Castillo y Adrián Ballester, presidente y vicepresidente de la comisión creada recientemente por César Sánchez para plantar cara a las políticas del Consell y desde donde se está armando toda la estrategia jurídica para tumar la Ley de Mancomunidades.
La comisión, que se ha reunido varias veces, estudia la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa. En todas sus convocatorias se han mirado con lupa las políticas autonómicas que afectan a la Diputación y que desde la institución provincial se entienden como ataques e injerencias a la provincia. El problema con el que se ha encontrado la mesa es que no le salen las cuentas para que sea la institución provincial la que pueda llevar la ley de Mancomunidades ante el Tribunal Constitucional. Por este motivo, el equipo de César Sánchez, con asesores jurídicos de la Diputación incluidos, está buscando fórmulas para que el recurso se pueda presentar aprovechando otros grupos institucionales del PP.
El marco jurídico permite a las diputaciones y a los ayuntamientos recurrir las normativas autonómicas cuando se entienda que los principios de la autonomía local quedan vulnerados. En primer lugar, el recurso lo pueden presentar la mitad de las provincias -en este caso tendrían que sumarse la Diputación de Alicante y la de Castellón, también gobernada por el PP y un tema para lo que ya ha habido contactos- y en segundo lugar que la población representada sea como mínimo la mitad de toda la Comunidad Valenciana. Y ahí viene el principal escollo porque faltan habitantes. Sin embargo, desde la corporación alicantina se están buscando todas las fórmulas posibles para que el recurso de inconstitucionalidad se pueda oficializar sin que tenga que ser la institución provincial la que lo presente de forma directa. El plazo que tiene el equipo de César Sánchez es de dos meses, ya que para presentarlo hay tres meses desde su publicación en el Diario Oficial y ya ha pasado uno.
La comisión técnica que actúa de frente ante las políticas del Consell está peinando la jurisprudencia del Constitucional en relación a la vulneración de la autonomía local, que es el argumento clave con el que trabaja la Diputación. Fuentes del Palacio Provincial indicaron que está «meridianamente clara» la argumentación y los fundamentos que justifican «la injerencia» en las competencias de la Diputación y que ahora lo que hay que atar es la fómula para poder presentar el recurso. La institución provincial alicantina ya llevó con éxito a los tribunales los decretos del Consell de Turismo y Deportes y tumbó el plurilingüismo del conseller de Educación, Vicent Marzà.
