La batalla emprendida por el PPCV de Isabel Bonig para eliminar las ayudas directas del Consell a la patronal y los sindicatos mayoritarios vivirá otro capítulo en el contexto del debate de los presupuestos de la Generalitat de 2019. Aunque la lideresa popular se hizo la foto de la reconciliación con el responsable de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, tras meses de tensa relación, la postura del grupo no se ha movido ni un milímetro respecto al año pasado y se tiene tomada la decisión en enmendar las cuentas públicas para borrar las partidas que reparten tres millones a la CEV, Comisiones Obreras y UGT.
La cruzada popular contra la patronal y los sindicatos mayoritarios estalló hace justo un año a cuenta del respaldo de la clase empresarial a la manifestación convocada por el Ejecutivo de Ximo Puig contra la infrafinanciación. Una protesta que reunió prácticamente a toda la sociedad valenciana y de la que sólo se borraron los populares valencianos. Era noviembre de 2017 y en un mes después, el PPCV sorprendía a propios y ajenos con una enmienda a los presupuestos de la Generalitat en la que solicita eliminar la subvención directa a la organización empresarial y que este dinero fuera distribuido a entidades sociales como Caritas.
Las subvenciones a la patronal y a los sindicatos se otorgaban bajo el paraguas de la Ley 7/2015, de 2 de abril de la Generalitat de Participación y Colaboración Institucional de las Organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana, una norma aprobada por el Gobierno de Alberto Fabra y que da preferencia a las entidades «más representativas».
La iniciativa de Bonig descolocó incluso a dirigentes de sus propias filas que consideraban un error distanciarse de los empresarios, aliados naturales del PP. Sin embargo, Bonig mantuvo aguantó el envite y registró un propuesta en las Cortes para reformar la ley.
