El pleno del Consell aprobó ayer el decreto ley de creación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias, una nueva empresa pública que subrogará a los bomberos forestales de Tragsa. Sin embargo, esta empresa nada tiene que ver con la futura estructura que la Generalitat impulsará para unificar a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), que pertenecen a las tres diputaciones y a los tres ayuntamientos de las capitales de provincia de la Comunidad.

La mercantil ha sido creada ad hoc para poder subrogar a los bomberos forestales en la Generalitat y cumplir así con el mandato de las Cortes, que impulsó Podemos y que se incluyó en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2018. Así, los forestales pasan de prestar sus servicios a través de una encomienda a Tragsa (adscrita al Ministerio de Agricultura), a formar parte de una sociedad bajo el paraguas de la Agencia Valenciana de Seguridad, dirigida por José María Ángel. El personal se tendrá que incorporar antes del 1 de abril de 2019.

Paralelamente se ha abierto una vía dirigida a crear un cuerpo único de bomberos. La organización y estructura aún está por ver, pero desde la Agencia Valenciana de Seguridad ya se han puesto en contacto con la diputación de Alicante, València y Castellón así como con los ayuntamientos de las mismas ciudades, quienes disponen de los servicios de extinción de incendios. Las misivas buscan conocer la disposición y las aportaciones de las seis instituciones (de los tres alcaldes, de los tres diputados, y de los seis comités de empresa), quienes también definirán la modalidad y la estructura. Quieren abrir un diálogo con las seis Speis para poner la semilla de lo que será el cuerpo único de bomberos, algo que no sucederá en esta legislatura, como reconocieron ayer fuentes de la agencia de emergencias.

Quedan muchos cabos por atar. Las competencias de los incendios son de ámbito local, por lo que los tres ayuntamientos y diputaciones deberían ceder esa competencia a la Generalitat o bien crear un consorcio único con participación de todas las instituciones y la Generalitat, como prevé la ley de 7/2011 del PP. En Cataluña, por ejemplo, pese a existir un cuerpo único, la ciudad de Barcelona no quiso incluirse y mantuvo su propio servicio de extinción.

No será personal 100% público

El decreto ley que anunció la vicepresidenta Mónica Oltra ayer recoge que el personal «no adquirirá la condición de personal empleado público», sino que desarrollarán sus tareas «con idéntica condición de personal laboral hasta su cese por las causas legales de extinción de los contratos laborales». A diferencia de lo ocurrido con el personal del Hospital de La Ribera o del Ivass, los bomberos no se convertirán en pseudofuncionarios con la figura del personal a extinguir, y a través de la sociedad mercantil se sigue el consejo del Consell Jurídic para mantenerse en la legalidad.

La creación de esta empresa recoge todas las exigencias de los bomberos forestales que se firmaron en el acuerdo del 16 de febrero y que todavía no se habían implementado. La más significativa es el aumento salarial del 30% por haber ampliado sus funciones, que desarrollan desde febrero pero sin haber percibido la retribución económica correspondiente, que se ha mantenido bloqueada a la espera de que el Ministerio de Hacienda diera el visto bueno. Pero eso no ha sucedido y será la nueva sociedad la que corra con los gastos retributivos.

A los cerca de 800 bomberos forestales que se transpasarán a la Generalitat, se suman 84 profesionales de las brigadas helitransportadas, también dependientes de Tragsa. Pronto comenzarán a redactar uno conjunto para los trabajadores de la nueva sociedad. Las reacciones no se hicieron esperar y Ciudadanos cree que la creación de esta empresa es un «parche» para el colectivo, que lleva dos meses en huelga esperando la remuneración pactada. El diputado Toni Subiela advirtió que se trata de una nueva Imelsa.