La Diputación de Alicante es la única gran institución de la Comunidad Valenciana que se ha negado a participar en una encuesta que promueve el Consell para valorar el conocimiento del nivel de los trabajadores de la Administración Local y en la que han participado medio millar de ayuntamientos, 60 mancomunidades y las diputaciones de Valencia y Castellón, esta última también en manos del PP. La institución provincial rechazó a finales de octubre que 400 funcionarios de la casa realizaran el cuestionario al entender que se perderían 6.000 horas totales de productividad laboral.

El área de Personal que dirige el vicepresidente y diputado Alejandro Morant contestó a la petición de la Generalitat que fueran 60 y no las cerca de 400 previstas -una sexta parte de los empleados que solicitaba la Dirección General de Política Lingüística de la Conselleria de Educación- los trabajadores que podrían participar en el cuestionario. La propuesta del diputado Alejandro Morant suponía elevar el margen de error del cuestionario por encima del 12,6%.

Un informe de la Dirección General de Política Lingüística de la Conselleria de Educación recoge que el error estadístico que se cometería aceptando la propuesta de la institución alicantina «implica alejarse del porcentaje del margen de error de 4,55 marcado para el caso de las diputaciones». Este informe cifra el número de encuestas previstas en la institución provincial alicantina en 345, aunque otras fuentes hablan de que eran casi 400. Así, a la empresa externa a la que el área de Política Lingüística adjudicó los trabajos para la encuesta, están llegando los resultados de todas las instituciones locales menos de la Diputación de Alicante, un bastión del PP donde el equipo de gobierno, con César Sánchez como presidente, intenta contrarrestar las políticas del Consell y hacer oposición al gobierno del Botànic,con un discurso especialmente beligerante contra la normalización lingüística. Es la institución que preside César Sánchez uno de los arietes contras la política que promulga la Conselleria de Vicent Marzà. De hecho, la Diputación recurrió con éxito el decreto sobre el plurilingüismo en los colegios.

La encuesta, que lleva por título «Coneixement i ús del valencià en l'Administració local valenciana» estaba preparada para repartirse entre casi 800 trabajadores de las tres diputaciones de la Comunidad de un total de 7.856 empleados de la Administración local, algunos de ellos de municipios de la Vega Baja que han aceptado participar. El porcentaje de cuestionarios que se prepararon para la Diputación de Alicante estaba marcado, al igual que en el resto de administraciones locales, por una distribución basada en el número real de trabajadores públicos en cada una de las provincias. El citado informe de la dirección de Política Lingüística , que dirige el alicantino Rubén Trenzano, advierte de que no emplear el total de la muestra en cada Diputación producirá un desequilibrio muestral y, por ende, un sesgo muy importante en la totalidad del estudio. Así, responsabiliza a la institución alicantina de dañar todo el resultado de la encuesta por su negativa a poner a casi 400 trabajadores públicos a hacer el cuestionario. Sí lo han hecho, por ejemplo, en Alicante, los ayuntamientos de Alicante, Benidorm, Torrevieja, Dénia, Elche o Crevillent. Se ha negado, asimismo, el alcalde del consistorio de Ibi, según la Generalitat.