Nuevo cruce de acusaciones entre la número dos del Consell, Mónica Oltra, y el máximo responsable de la Diputación Provincial, César Sánchez, aprovechando la presencia ayer en Alicante de la vicepresidenta de la Generalitat y en un acalorado contexto político entre ambas instituciones, al borde de la ruptura y la incomunicación. Esta vez por la cercanía del Día de la Constitución, ya que desde la Diputación se ha fraguado un argumentario contra algunas de las más importantes políticas del Consell basado en su «difícil» encaje constitucional.
El presidente de la institución alicantina reprochó al Consell que conmemore el aniversario de la Constitución Española el próximo 6 de diciembre en Alicante por las «serias dudas» que le generan «algunas de las medidas y decretos» impulsados por la Generalitat, como la Ley de Mancomunidades o el requisito lingüístico. Ambas normas han sido interpretadas por la Diputación como claros ataques al modelo de provincias y a la institución alicantina, último bastión del PP en la Comunidad Valenciana desde las elecciones de 2015 y por el que los populares luchan a fuego por mantenerse. «No sé a qué van a venir a Alicante el 6 de diciembre a celebrar la Constitución Española cuando desde la Diputación tenemos nuestras serias dudas de que algunas de las medidas y decretos que defienden sean constitucionales», dijo Sánchez ayer en un acto en Benidorm. Acusó al Consell de «ultrajar» la Constitución y de apoyar a quienes lo hacen. «Después vienen aquí a celebrarlo. Eso es reírse de los españoles y de los alicantinos», añadió Sánchez el mismo día que Oltra visitaba la ciudad de Alicante.
La vicepresidenta por su parte opinó que el presidente de la Diputación de Alicante «equivoca» su papel en la institución y cree que la tiene usarlo como ariete contra el Consell y en tono «partidista en beneficio propio». Así se refirió Oltra a la comisión que ha creado la institución provincial para analizar la Ley de Mancomunidades de la Generalitat, el requisito lingüístico y la deuda histórica del Consell con la Diputación, que César Sánchez cifra en 190 millones de euros. Con esta comisión el equipo de gobierno del PP ha creado su órgano de enfrentamiento contra la Generalitat con el que hará batalla a las puertas de las elecciones, algo que Oltra tilda como «ariete contra el Consell» y que para Sánchez es un muro de defensa contra lo que considera políticas autonómicas copiadas del nacionalismo catalán y pensadas para cargarse las provincias.
Otro fleco no menos importantes de la rivalidad entre Consell y Diputación son los 190 millones que César Sánchez reclama a la Generalitat como deuda histórica por la prestación de competencias impropias que en realidad le corresponden a la Generalitat Valenciana, como Bienestar Social o la Sanidad. Oltra dejó claro ayer que el gobierno valenciano y su conselleria, directamente afectada, están dispuestos a hablar, pero «con las facturas encima de la mesa. Precisamente la gestión del PP no se caracteriza por ser la más diligente», subrayó la dirigente de Compromís.
Ataques a los alicantinos
Mientras César Sánchez acusa al Consell de romper las relaciones con la Diputación después de tres años y medio de «agravios y ataques a los alicantinos», la Generalitat sigue poco a poco implantando medidas para vaciarles de contenido. La corporación provincial se ha puesto en un papel de institución reactiva y ha salido a la gresca bajo la bandera de la defensa de los intereses de la provincia arremetiendo contra las mancomunidades, el requisito lingüístico o como ya lo hizo con los decretos de Turismo y Deportes que recurrió con éxito.
«Nos amenazan permanentemente con atacar la autonomía local, nos desafían al decirnos que SUMA dejará de ser un organismo provincial para convertirse en autonómico y presentan una Ley de Mancomunidades sin hablar previamente con las diputaciones, una Ley de Comarcas sin sentarse a dialogar con las diputaciones e imponen el requisito lingüístico para que haya ciudadanos de primera y de segunda en la Comunidad», dijo ayer César Sánchez. La batalla está servida y sin comunicación institucional. El foco de la guerra, ahora, la ha puesto la Diputación en el Día de la Constitución, en el discurso antinacionalista, en la Ley de Mancomunidades y la lengua. No hay tregua entre València y Alicante.
