Era de esperar que la comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones de la Generalitat fuera bronca. Ayer se debatió la proposición no de ley de Podemos que busca reformar el estatuto de los expresidentes y restringir los privilegios de los que gozan cuando abandonan el Palau. Tienen a su lado a Compromís, pero a los socialistas enfrente. Con el beneplácito de Cs y la negativa de PP, Compromís y Podemos buscan que los expresidentes de la Generalitat no formen parte del Consell Jurídic Consultiu al terminar su mandato, una fórmula que ahora utiliza Francisco Camps y que fue regulada para que no pudieran estar en el cargo más de 9 años. Sin embargo, ambos partidos quieren que los expresidentes formen parte del Consell Económic i Social (CES), donde no se cobra una remuneración más que las dietas.

Para Mireia Mollà, de Compromís, la negativa de PP y PSPV es precisamente «una cuestión económica». Defendió que las labores de los expresidentes tienen más sentido en el CES que en el Jurídic, pero cree que ambos partidos no apoyan la modificación para que los expresidentes no pierdan su sueldo. No solo eso. Fabiola Meco recordó que las oficinas, los servicios de secretaría y el coche oficial del que disponen Olivas, Fabra y Camps han costado al heraldo público desde 2003 un millón de euros. Recordó a Mata que la profesionalización del Juridic y el adelgazamiento de cargos y sueldos públicos fue una de las cláusulas firmadas en el Botànic.

Sin embargo, el síndic socialista Manuel Mata cuestionó esta iniciativa escudado en que los presidentes autonómicos «son lo más digno que han tenido los valencianos», por lo que se hace necesaria encontrar una salida cuando se han terminado sus servicios a la sociedad. «Un millón de euros no es nada», dijo Mata, y alegó que la Ley de Incompatibilidades «es muy estricta» y les impide retomar una vida laboral a menos que sea en la función pública. Por tanto, los socialistas están en la vía de mantener su plaza en el Consell Jurídic. «Lo que propone Cs de pagarles por no hacer nada no me parece bien», dijo.

La formación naraja quiere restringir los privilegios, lo que les sitúa en la línea de la propuesta podemita. Sin embargo, para los de Albert Rivera tampoco está justificada su presencia en el CES, pero abren la puerta a que reciban una indemnización económica durante los años en que la Ley de Incompatibilidad no les permite trabajar, como defendió la diputada María José García.

Es la segunda vez que Podemos intenta en esta legislatura eliminar las prerrogativas. PSPV y PP ya se opusieron para impedir que se reformara el estatuto, pero los morados han vuelto a intentarlo.