Él presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, ha firmado esta mañana un decreto mediante el cual se crea una comisión para cuestionar la ley de Mancomunidades.
El texto permite dar forma a una comisión técnica que se encargue de revisar y hacer seguimiento de todas las políticas del gobierno del Botánic que suponen una "amenaza" para el modelo de provincias.
La mesa estará presidida por el vicepresidente y diputado de Economía Carlos Castillo y el vicepresidente de la comisión será Adrián Ballester y contará con la supervisión de los servicios jurídicos de la Diputación.
Entre otras cuestiones, vigilará la Ley de Mancomunidades, el requisito lingüístico y en definitiva la "destrucción" de la provincia, según ha explicado el presidente. La Diputación no descarta, por tanto, llevar a los tribunales algunos puntos de las políticas autonómicas por considerarlos anticonstitucionales.
De momento, la comisión permitirá centrar la atención y vigilancia en cada una de las políticas que no han gustado a la Diputación en materia de regularización del valenciano, creación de mancomunidades o deuda histórica de la Generalitat con la institución provincial por las competencias impropias que presta la Diputación alicantina, que asciende a 190 millones de euros en total.
