Doce años y cuatro meses después del accidente del metro del 3 de julio de 2006, la magistrada del Juzgado de Instrucción 21 de València cierra la instrucción y procesa a ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), por el fallecimiento de 43 personas (41 viajeros, más el maquinista y la interventora). El periodo de instrucción ha sido mucho menor: un año y medio en los meses posteriores al siniestro, en los que no se llegó a investigar a nadie, hasta que se archivó la causa en mayo de 2008. Y otros cuatro años tras la reapertura de la causa por orden de la Audiència de València en enero de 2014. En este último periodo, se produjeron las tres primeras imputaciones que, antes de la prescripción de los hechos en julio de 2016, se extendieron a otras siete personas (uno de los investigados falleció antes que fuera citado a declarar).

Así que a pesar de los cuatro archivos de la causa dictaminados por la jueza en este tiempo, a mitad del próximo año se sentarán en el banquillo los ocho exdirectivos de FGV procesados por su presunta falta de diligencia en la gestión de la empresa ferroviaria. Se trata de la exgerente de FGV, Marisa Gracia, que será juzgada junto a Vicente Contreras, ex director adjunto de la Explotación de FGV; Francisco García, ex director técnico; Manuel Sansano, exdirector de Operaciones; Juan José Gimeno, exresponsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, exjefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, exjefe de la Línea 1 y Francisco Orts, exjefe del área de estudios y proyectos.

Tras el auto hecho público ayer, la jueza da diez días a las acusaciones para que presenten los escritos de acusación, como previsible paso previo a decretar la apertura de juicio oral. Aunque en el escrito comunicado ayer a las partes, la jueza vuelve a reivindicar su instrucción -enmendada en sucesivos autos por la Audiencia de València-. Según su relato de los hechos, en el metro no se produjeron deficiencias, los accidentes previos de los trenes implicados en el siniestro no le afectaron, no existía normativa de seguridad que obligara a los responsables de FGV a aplicarla o a instalar balizas y tampoco incumplieron la ley de riesgos laborales. Pero los procesa al estar «vinculada» por los sucesivos autos de la sección segunda de la Audiencia Provincial que la obligaron a reabrir la causa.