El relato que ha impregnado toda la política del Pacte del Botànic desde que hace ya más tres años la izquierda desalojó al PP del poder es que el nuevo modelo productivo valenciano tiene que superar definitivamente una era marcada por la pujanza del ladrillo y el empleo precario ligado al turismo del sol y playa. Por eso, durante estos años el Consell ha repetido el mantra de que la economía valenciana tiene que basarse en el conocimiento, la innovación, la reindustrialización o la recuperación de la agricultura para no volver al pasado. Sin embargo, uno de los aumentos más potentes del capítulo de ingresos que recoge el proyecto de ley de presupuestos para 2019 que el Consell aprobó el pasado miércoles llega por la vía del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que es en esencia el relacionado con el ladrillo y el sector de la construcción, uno de los impuestos que está cedido totalmente a la Generalitat.

En concreto, la previsión es que la recaudación se dispare en más de un 30% para el próximo ejercicio de forma que los ingresos aumenten en 393 millones al pasar de los 1.232 millones de 2018 a los 1.625 previstos para 2019. Para cumplir con esa previsión, el Consell confía en un renovado vigor del sector de la construcción e incluso ve ya el camino iniciado. En el análisis del contexto económico para 2019 se habla de que la Generalitat detecta un crecimiento «robusto» de este sector, sostenido sobre todo en la evolución de los visados. El informe económico y financiero recoge que los visados de dirección de obra, un indicador adelantado de la actividad constructiva, registraron durante el periodo de enero a mayo de 2018 (último dato disponible a fecha de cierre de este informe) en la Comunidad Valenciana un incremento acumulado del 33,6%, más del doble que el registrado a nivel nacional (16,2%), es decir que en la Comunidad ya se construye en el año en curso más del doble que en el conjunto de España. De ese modo, teniendo en cuenta la variación que se ha producido en los cinco primeros meses del año 2018, «el indicador muestra síntomas de crecimiento sostenido puesto que todas las tasas acumuladas son positivas y crecientes», señala el informe.

El mejor dato en ocho años

Respecto a los datos anuales del visado de obras, los del pasado ejercicio 2017 son los mejores de los últimos ocho años, aunque quedan todavía muy alejados de los niveles previos a la crisis económica. Una crisis iniciada hace ya más de una década con el estallido de la burbuja inmobiliaria que había engordado en los años anteriores y que está en el origen de los recortes en servicios públicos fundamentales impuestos en los años siguientes a la burbuja y también en la millonaria factura que para las cuentas públicas supuso el rescate de los bancos que se habían embarcado en la financiación de la ola del ladrillo. Ahora, con los datos de 2017 ya en la mano, el análisis del Consell detecta que el número de visados solicitados para construir viviendas nuevas en en la Comunitdad alcanzó en 2017 la suma de 12.366, un 11,3 % del total de España, pero con un incremento del 23,2 % respecto a 2016. Pese a estos datos, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, también avanzó que se centrará en intentar recaudar todavía más era la lucha contra el fraude.