Siete meses para el fin de la legislatura del Consell del Botànic y un presupuesto expansivo, «keynesiano», en palabras del conseller de Hacienda, Vicent Soler, para blindar las políticas sociales, consolidar el cambio de paradigma en la Comunidad Valenciana y sortear un futuro económico sobre el que se cierne el fantasma de la recesión a base de aumentar el gasto público y impulsar la inversión. Esta es la filosofía de los presupuestos de la Generalitat para 2019, los últimos del Ejecutivo de Ximo Puig, que con el sí de Podemos tienen ya la vía parlamentaria despejada, aunque están sujetos al «optimismo» respecto a unos ingresos que en buena medida están en el aire. De hecho, hará falta un «milagro» (el término lo usó Soler, aunque dando por hecho que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lo haría posible) para que el Consell consiga que entren en la caja autonómica cerca de 2.200 millones.
Los ingresos son precisamente el talón de Aquiles de unas cuentas que crecen un 10,7% hasta alcanzar los 22.096 millones de euros (sin contar con el sector público) y que mejoran, al menos sobre el papel, las partidas presupuestarias de todas las conselleries, en especial, la de la vicepresidenta Mónica Oltra que crece un 27% hasta alcanzar los 1.528 millones para garantizar el pago de la dependencia y la renta garantizada. Por encima está la Conselleria de Vivienda, que dispara su gasto hasta un 32%.
Sin embargo, todas las partidas de gasto descansan sobre unos ingresos que tienen los pies de barro. Como ha ocurrido en los últimos tres años, el Consell suple el maltrato financiero y el retraso en el cambio del modelo de financiación con la inclusión de una partida por valor de 1.325 millones. Un dinero «ficticio» en palabras de la oposición y «reivindicativo» en terminología del Consell que nunca ha sido transferido, pero que permite cuadrar las cuentas. El Consell ha incluido también 344 millones de euros que el Estado debe desde 2015 a la Generalitat por la atención sanitaria de los pacientes desplazados (FOGA), 303 millones por la dependencia y 250 millones correspondientes al IVA. De estos cuatro conceptos, solo el relativo al impuesto es factible llegue el año próximo a la caja autonómica.
La incertidumbre aparece también cuando se analiza los ingresos procedentes de la recaudación de impuestos. El Consell prevé incrementar hasta un 11% la recaudación por impuestos directos y hasta un 75% vía tasas. Así por ejemplo contempla recaudar hasta 1.625 millones, un 31% más, por el impuesto de transmisiones patrimoniales (que grava la compra venta de vivienda), casi 400 millones más que este año. Una confianza en que el ladrillo vuelva a tirar de los ingresos que difícilmente casa con las previsiones macroeconómicas. Soler indicó que la clave era una gestión eficaz de los impuestos, que incluye la lucha contra el fraude.
Pese a estas salvedades, el Consell no ha querido forzar la maquinaria y los presupuestos presentados están ajustados a la senda de gasto aprobada por el Gobierno popular, es decir, con una previsión de déficit del 0,1%, aunque Soler dijo confiar en que Ciudadanos desbloquee el techo de gasto previsto por Sánchez y el déficit pueda flexibilizarse al 0,3%. «Son unos presupuestos abiertos», aseguró el titular de Hacienda durante su comparecencia tras entregar el documento en las Cortes.
La deuda, el gran lastre
Con estas limitaciones, Soler, en una rueda de prensa al alimón con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, sacó pecho por unos presupuestos que evidencian «la alianza» de la Generalitat con los derechos de los valencianos. Ahora bien, aunque el gasto se dispara, no todo podrá ir a la gestión. La deuda sigue lastrando un presupuesto en el que la subida del endeudamiento y los intereses supone el 30% del incremento total del presupuesto. Así, el servicio de la deuda asciende a 5.281 millones de euros y sube un 13,5% respecto al año anterior. Descontando las operaciones financieras, se alcanzan los 16.706 millones, 1.502 millones más para repartir.
En el afán de impulsar la economía con óptica «keynesiana», se dispara el gasto en inversión, que crece de forma espectacular. La inversión directa e indirecta crece conjuntamente un 44% hasta los 1.610 millones que se destinarán a «nuevas infraestructuras para servicios públicos» y economía productiva. El capítulo VI en solitario aumenta un 25% y supone el doble que en 2015. Junto a los gastos de personal (aumentan un 6,9%), la otra clave de las cuentas está en la conselleria de Sanidad. Es la que menos crece porcentualmente (un 3%), pero la inyección de 245 millones servirá para seguir aflorando gasto y acercarse al real.
