La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana realizará una auditoria interna de la documentación de gastos de las subdelegaciones de Valencia y Alicante tras la investigación iniciada en junio por una trama de facturas falsas en la de Castellón.
El delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha decidido tomar esta medida "en aras de la transparencia" que se debe garantizar en todas las administraciones, tras las investigaciones policiales abiertas el pasado mes de junio en la Subdelegación del Gobierno de Castellón.
El 26 de junio, Fulgencio informó de la suspensión de empleo y sueldo a dos funcionarios de la Subdelegación del Gobierno en Castellón investigados por una supuesta trama de facturas falsas, en la que también hay implicados empresarios.
Según se publicó entonces, el Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón ordenó la detención de los dos funcionarios por falsear supuestamente facturas durante, al menos, una década y por un importe que podría alcanzar el millón de euros, así como de una veintena de personas vinculadas a empresas que prestan servicio o suministran material a la Subdelegación del Gobierno.
Las informaciones apuntaban a que entre los proveedores investigados hay empresarios de gasolineras, firmas de ofimática, talleres de vehículos y empresas de mantenimientos de edificios o de suministros de elementos mueble que supuestamente inflaron las facturas cobradas a la Subdelegación o que le facturaban material que nunca sirvieron, así como que ambos funcionarios serían los cabecillas del fraude.
