Recta final de la legislatura y nuevo intento de la Generalitat, cuando restan apenas siete meses de aquí a las elecciones, para meter en cintura a la Diputación de Alicante, último gran reducto de poder institucional del PP y uno de los principales centros de oposición a los socios del Botànic. El jefe del Consell, Ximo Puig, ya ha encargado al director general de la Administración Local, Toni Such, que se ponga en contacto con la institución que preside César Sánchez, convertido ahora en el principal referente del PP de la Comunidad en la nueva ejecutiva que dirige Pablo Casado en la calle Génova, para poner en marcha un proceso de «coordinación» similar al de la Diputación de Valencia que al final desembocaría en un vaciado de «competencias» que de acuerdo a la Constitución y al Estatuto no corresponden a las instituciones provinciales pero que ahora, sin embargo, sí gestionan. O esa ordenación se negocia por las buenas o, de lo contrario, en pocas semanas se aprobará una nueva ley en las Cortes a través de una propuesta impulsada por Podemos para encauzar ese proceso.

No se trata, como recalcan desde el Consell, de echar el cierre a las corporaciones provinciales. Es una institución reconocida por la Constitución y, por tanto, eso se respeta. Otra cosa, sin embargo, es la gestión de las competencias y el reparto de las que, conforme a la ley, le corresponde a cada una. En un plazo breve, la dirección general de la Administración Local de la Generalitat se dirigirá al presidente de la Diputación, César Sánchez, con una oferta que tiene el visto bueno de Puig para sentarse en una comisión bilateral y tratar de negociar una solución pactada.

En ese órgano, el Consell quiere que la corporación alicantina se pliegue a una salida parecida a la de la Diputación de Valencia: presupuestos provinciales supervisados desde la Generalitat y un estudio sobre la distribución de las competencias que debe controlar cada administración además de un acuerdo sobre las compartidas. Hay un dato de peso para justificar este nuevo movimiento del Botànic. De acuerdo a las cuentas del Consell, la Diputación apenas distribuye un 12% de sus fondos con criterios objetivos.

Durante esta legislatura la incomunicación entre la corporación provincial alicantina y la Generalitat ha sido casi total y absoluta. Al margen de encuentros protocolarios de los tres presidentes de las diputaciones de la Comunidad, entre César Sánchez y Ximo Puig se ha producido una única reunión en enero de este año en València. Puig no ha pisado el Palacio Provincial. Así que es probable que la Diputación plante cara y ni siquiera juegue esa partida. En ese punto entra un segundo movimiento. En estos momentos, se encuentra en tramitación en las Cortes un proyecto de ley impulsado por Podemos que, inicialmente, planteaba incluso incautarse de los presupuestos de las diputaciones. La propuesta de los morados, con toda seguridad, saldrá adelante aunque suavizada después de que se han producido contactos parlamentarios a varias bandas para un texto conjunto que aune a los socios del Botànic y de que se hayan acordado una serie de modificaciones para facilitar el acuerdo parlamentario. Pero, en cualquier caso, el Consell se guarda otro as en la manga, ya anunciado por Puig en el último Debate de Política General, con la propuesta de reforma de la Ley de Gobiernos Locales que también introducirá elementos para ordenar la coordinación del Consell con las instituciones provinciales aunque marcha con mayor retraso. Podría quedar lista antes del final de la legislatura -las Cortes se disolverán en abril- para que se pudiera tramitar definitivamente en el arranque de la próxima, de acuerdo con estas fuentes.

Desde la Generalitat consideran que, cumpliendo a rajatabla la Constitución y el Estatuto, la Diputación debe quedarse con las competencias de atención y asesoramiento a los pequeños municipios. Por contra, la Generalitat debe tener el control, entre otros departamentos de la política turística, la gestión cultural incluyendo los museos que pasarían a la red autonómica, la promoción deportiva o los servicios sociales y sanitarios. Con la Ley de Mancomunidades, ya validada por las Cortes hace unas semanas, el Consell ya le resta poder a la Diputación en la confección de los planes de obras una vez se constituyan estas organizaciones de ámbito comarcal. Y aún en el supuesto de que la institución provincial se resistiera, el Consell podría usar la vía de advertir al Interventor de la Diputación sobre el efecto de incumplir una ley. La batalla, de nuevo, está servida.