El conocimiento de una lengua cooficial, como es el caso del valenciano, será por primera vez considerado un mérito en los concursos de traslados y de promoción del funcionariado del Estado. Esta es una de las principales novedades (aunque no la única) del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y el Gobierno central en materia de función pública.
El conocimiento de la lengua cooficial será por tanto una ventaja para aquel personal que dependa de la Administración del Estado y quiera acceder a un puesto de trabajo en territorio valenciano. Aunque solo será un mérito, esta medida está en la línea de las medidas adoptadas por el Consell bipartito para implantar el uso del valenciano en las administraciones.
El Consell tiene pendiente introducir el requisito lingüístico para acceder a un puesto de la función pública dentro del ámbito de la Generalitat. La medida está incluida en la nueva ley valenciana de función pública, pero este proyecto legislativo se encuentra paralizado, entre otras cuestiones, por la regulación de la capacitación lingüística de los aspirantes.
Junto a la lengua, el acuerdo alcanzado introduce nuevos méritos que se suman a los ya clásicos de la experiencia en el puesto de trabajo y los cursos realizados. Además, la conciliación familiar dejará de ser un elemento obstaculizador en la promoción profesional y a partir de ahora se valorará en la fase de puntuación que la causa alegada del traslado sea por cuestiones relacionadas con el cuidado de hijos y mayores.
En principio, el acuerdo afectaría a personal dependiente de ministerios, aunque no a otros funcionarios del Estado.
Los problemas con Bravo
Intersindical acusa a la Conselleria de Justicia y Administración Pública, en manos de Gabriela Bravo, de «romper» el consenso sobre la capacitación lingüística en el ámbito sanitario, tras comprobar que el anteproyecto de ley de Función Pública se ha cambiado «unilateralmente».
Se trata del último tropezón de Bravo con una organización sindical por la competencia lingüística en la función pública valenciana. El denominado «requisito» ha generado problemas que ha costado desencallar y que hacen que a pocos meses de acabar la legislatura la ley de Función Pública continué en elaboración. Intersindical considera imposible ya la aprobación de la norma antes de la disolución de las Cortes.
