El PP de la Comunidad Valenciana ha optado respecto al «asunto Morant» por evitar el lío interno en un momento crucial para los populares como es la última fase del mandato, a menos de ocho meses de las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de 2019. El Comité de Derechos y Garantías del PP de la Comunidad Valenciana ha evitado castigar al vicepresidente de la Diputación y alcalde de Busot, Alejandro Morant, por las declaraciones de corte xenófobo que realizó el pasado mes de agosto en su Facebook, en las que pedía deportaciones masivas de los inmigrantes en España y el cierre de las fronteras.
El escrito del comité, firmado por el presidente del citado órgano, Jorge Carbó y al que ha tenido acceso este diario, regaña pero no sanciona a Morant por sus polémicas declaraciones, que borró posteriormente de la red social ante la controversia que crearon en el ámbito político y social.
El órgano corrector encargado de los expedientes disciplinarios del PP en la Comunidad ha considerado que las manifestaciones de su cargo público no comulgaban con la línea oficial del partido, que tiene que evitar vertir opiniones personales que comprometan a la formación, pero que no hace falta llegar a más.
Para ello se basa en la ausencia de denuncias similares efectuadas contra Morant con anterioridad por motivos similares y en las «dudas» que existen para interpretar que las manifestaciones se realizaron en nombre del partido, uno de los requisitos necesarios para que llevar a cabo la sanción. Al Comité de Derechos y Garantías, órgano integrado en el PP autonómico que lidera Isabel Bonig, le basta con decirle a Morant que un político nunca puede hacer declaraciones personales totalmente desligadas del partido si éstas «compromenten» a la formación.
El escrito de denuncia del PP de la provincia de Alicante, realizado el 7 de agosto, ponía en conocimiento del partido las palabras de Morant subidas a su Facebook que la propia cúpula provincial tildó de «desafortunadas» y de ir en contra de la línea oficial del partido. El expediente que solicitó el PP alicantino al partido regional iba firmado por el número tres de la formación en Alicante, Rafael Candela. Hasta el 30 de agosto, el comité autonómico no abrió expediente informativo. Ahora la resolución, que lleva fecha del 4 de octubre, llega en plena preparación de la precampaña electoral y en un momento delicado para las diputaciones provinciales por los intentos del Consell y de sus socios de gobierno por desvitalizarlas y vaciarlas de competencias.
El partido ha optado por evitar otro lío interno después del difícil congreso que ganó Pablo Casado para buscar sustituto a Mariano Rajoy y tras respirar aliviado al no continuar las investigaciones por su máster. Los populares se hubieran metido ahora con una sanción a Morant -se barajó el expediente disciplinario- en otro escollo interno en un momento en el que las elecciones autonómicas y municipales son prioridad. Tampoco la situación es la más adecuada para que las cúpulas autonómica y provincial, afines ambas a Soraya Sánez de Santamaría en su batalla por liderar el PP nacional, buscaran un motivo para reprochar a uno de los cargos públicos que apoyó públicamente a Pablo Casado, como fue Alejandro Morant, su falta de prudencia a la hora de hablar sobre la inmigración en España, un tema en el que el PP empezó a endurecer su discurso tras la llegada de Casado a la presidencia del partido. Para el Comité de Derechos y Garantías, «no procede acordar la apertura de un expediente disciplinario» porque no se dan los supuestos previstos en los estatutos para ello, ya que Morant no habló en nombre del partido, sino a título personal, según alegó ante los requirimientos del Comité. No obstante, el órgano con competencia sancionadora le recomienda evitar cualquier comentario a título personal si éste compromete la imagen o el discurso del PP. También le recuerda la repercusión que sus comentarios pueden tener al realizarse a través de las redes sociales.
