n Al jefe del Consell el «suenan bien» las cuentas estatales. Ximo Puig realizó ayer una primera valoración sobre el acuerdo entre el Gobierno y Podemos. «Es una muy buena noticia», dijo, y destacó que las líneas principales coinciden con la política del Botànic. Más allá de la concordancia ideológica con la Moncloa, los acuerdos son interpretados como un posible alivio financiero de varios cientos de millones de euros para el Consell, ya que el Gobierno pasaría a colaborar en partidas sociales que ahora sacan en solitario el ejecutivo de Puig y Mónica Oltra.

Puntos en común

Bajando a la letra pequeña, el Gobierno de Pedro Sánchez se sube por ejemplo a la derogación de los copagos a pensionistas y familias con rentas bajas ya ejecutada por el Consell. En dependencia, el acuerdo supone volver a la financiación recogida en la ley de la época de Rodríguez Zapatero, que plantea un compromiso de financiación del 50 % por el Gobierno. Ahora esa obligación no pasa del 12 % en el caso valenciano. El resto lo asume la Generalitat. Ya se habló del asunto en la reunión de Puig con Sánchez en la Moncloa. En Presidencia entienden que podrá ahorrar unas decenas de millones.

El aumento de las becas universitarias, la bajada de tasa o el plan de choque estatal para recuperar investigadores que emigraron durante los años peores de la crisis son otro punto en común. El índice de precios de referencia en la vivienda es otro objetivo que Puig y Oltra habían planteado y que ahora aparece también en el marco del acuerdo presupuestario estatal. Parece que también se van a definir instrumentos para limitar los apartamentos turísticos, que es otra línea programática valenciana.

En sanidad, Carmen Montón no está de ministra pero la huella de la política comenzada en la Comunitat Valenciana persiste. La comisión pactada por Sánchez e Iglesias para analizar las privatizaciones sanitarias y «blindar» la sanidad pública bebe de la no renovación de la concesión del hospital de la Ribera y la cancelación de la del de Dénia. Los aumentos de las pensiones mínimas y no contributivas, así como del salario mínimo interprofesional son para Puig beneficios para los valencianos. Además, el Gobierno va a permitir a los ayuntamientos usar el superávit para la educación