La Generalitat Valenciana acaba de dejarse 9,5 millones de euros en una carretera que no existe. El Consell ha activado ya la retención de esa cantidad para indemnizar a la unión de empresas a la que se adjudició en 2007 la conocida como autovía de la costa, un vial que reclamaban numerosos sectores económicos para conectar de forma más rápida el interior de la Vega Baja con Torrevieja y Orihuela Costa. El pufo, que se produjo durante el mandato de la presidenta del PP, Isabel Bonig, como Consellera de Obras Públicas, ha obligado al Consell a pagar con cargo a los presupuestos de este año 9,5 millones de euros a la adjudicataria debido al perjuicio causado por una autovía que nunca prosperó.
La historia viene de lejos. Pero al ejecutivo autonómico que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra le ha tocado cargar con la mochila ahora. La Conselleria damnificada es la de Infraestructuras, dirigida por Maria José Salvador, que recurrió ante el Supremo la reclamación de los empresarios en la que no solamente pedían una indemnización por daños económicos, sino también por el lucro cesante, es decir, el dinero que iban a ganar y que dejaron de percibir al rescindirse el contrato.
El Supremo, la última vía que le quedaba al Consell, ha desestimado recientemente el recurso del gobierno valenciano contra la sentencia anterior que obligaba al pago, emitida en 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El Supremo ratifica así la condena a la Generalitat y le obliga a desembolsar a la concesionaria 9,5 millones de euros por resolver de forma unilateral el contrato por razones de interés público, pese a la existencia de sentencias anteriores que declaraban nulas todas las actuaciones para la aprobación y licitación del proyecto. Además, los juzgados dieron la razón a los propietarios de suelo que recurrieron el trazado al aprobarse sin declaración de evaluación ambiental. Bonig optó por la alternativa más cara para la Generalitat ante una posible reclamación económica de la adjudicataria, una unión de empresas controlada mayormente por Lubasa.
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) emitió en 2014 un dictamen recordando a Infraestructuras que debía iniciar el expediente de revisión de oficio de los actos de licitación, adjudicación y resolución del contrato (incluyendo el que Bonig había firmado el año 2012), dado que los mismos eran nulos de pleno derecho, ya que había sentencias de los tribunales que lo habían declarado así, según refleja la documentación a la que ha tenido acceso este diario.
El resultado es el pago inminente de una cantidad millonaria que acaba de retenerse en los presupuestos de este año. Y lo que es peor: por una carretera que no se hizo. El ejecutivo autonómico de Puig y Oltra apechuga así con un nuevo «debe» heredado del PP en unas circunstancias ya de por sí difíciles para las arcas de la Generalitat, lastradas por la infrafinanciación y la falta de liquidez.
Decisiones que salen caras
El broche final para este asunto es amargo para el Consell. La indemnización llevaba coleando desde que la adjudicataria solicitó en 2009 la suspensión de la ejecución del contrato al considerar que el proyecto ya no le salía rentable. Los errores del anterior Consell fueron rescindir un contrato que ya se había declarado nulo y elegir la opción más cara para la Generalitat a la hora de responder ante los derechos de empresas adjudicatarias. Sin embargo, la autovía de la costa es ampliamente reivindicada por amplios sectores económicos y sociales. Las Cortes Valencianas aprobaron en 2016 el desdoblamiento de la CV-95 a petición del PP. Los populares siguen reclamando la recuperación del proyecto original de autovía.
